María Elena Ortiz Nova asumió como gerente general de la Nueva Licorera de Boyacá, en una designación formalizada por el gobernador Carlos Amaya y dada a conocer a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. El nombramiento, sin embargo, no tardó en convertirse en motivo de polémica, pues la nueva funcionaria es hermana de Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones que enfrenta un proceso penal por las irregularidades registradas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el gobierno de Gustavo Petro. La posesión se conoció el martes 3 de noviembre, cuando el mandatario departamental publicó las imágenes y mensajes del acto protocolario en su cuenta de X, en medio de una lluvia de cuestionamientos sobre la conveniencia política del nombramiento.
La Licorera de Boyacá no es una entidad menor dentro del organigrama departamental. Se trata de una empresa que comercializa más de un millón de botellas al año y que genera miles de millones de pesos en utilidades e impuestos que se destinan a los sectores de salud y educación del departamento. Por esa razón, la llegada de Ortiz Nova a la gerencia general adquirió de inmediato una dimensión que trasciende lo meramente administrativo y se instaló en el terreno de la discusión política, donde la sombra del caso Ungrd reaparece cada vez que se menciona el apellido de su hermana.
La defensa del gobernador y el argumento de la trayectoria
Carlos Amaya salió al paso de las críticas y sostuvo que la designación responde a la trayectoria profesional de María Elena Ortiz y a su cercanía laboral con él desde 2016. El gobernador recordó que Ortiz Nova lo acompañó desde su primera campaña a la Gobernación de Boyacá, cuando fue identificada como secretaria de Minas y Energía, y que desde entonces ha ocupado distintos cargos de confianza dentro de la administración departamental. En enero de 2024 fue nombrada gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, y posteriormente el Decreto 1213 del 30 de diciembre de 2024 la designó nuevamente como secretaria de Minas y Energía, cargos que dan cuenta de una relación de trabajo que se extiende por más de una década.
«Hoy, grandes profesionales asumen nuevas responsabilidades en el equipo de la #BoyacáGrande»
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá
Sobre el vínculo personal que lo une a la nueva gerente, el mandatario fue explícito en su respaldo. «Ella ha estado siempre conmigo, aun en momentos complejos, y es una mujer que quiero mucho», afirmó Amaya, quien además precisó que María Elena y Sandra Ortiz tomaron caminos políticos distintos desde 2016, cuando esta última fue elegida alcaldesa de Paz de Río mientras su hermana continuaba en la administración departamental. La defensa apunta a separar los méritos de la funcionaria de la situación judicial que afronta su familiar.
La propia Sandra Ortiz también se pronunció sobre el nombramiento de su hermana y pidió que su proceso judicial no se extienda a su núcleo familiar, al tiempo que reivindicó la presunción de inocencia que le asiste. «Lleva más de 14 años al lado de Carlos Amaya, con quien no tengo vínculo político alguno», señaló la exconsejera presidencial, y añadió con firmeza: «Mi hermana tiene nombre propio, méritos y derecho a que se respete su dignidad». Ortiz, exsenadora de la Alianza Verde y exconsejera para las regiones en el gobierno de Petro, insiste en que su situación jurídica es personal y no debería salpicar a quienes integran su familia.
Una terna de posesionados y un perfil de larga data
Junto con Ortiz Nova se posesionaron otros tres funcionarios en la Gobernación de Boyacá. Se trata de Sara Gabriela Boada Alameda, quien asumió como secretaria privada; Ángela Patricia Velandia Novoa, designada como gerente de Regiones Boyacá, con inicio de funciones previsto para el viernes; y William Orlando Vargas Contreras, vinculado como asesor del despacho del gobernador. La publicación del acto, difundida como una jornada de renovación del equipo de gobierno, fue precisamente el escenario que encendió las alarmas entre quienes advierten un posible conflicto de interés por el parentesco de la nueva gerente de la Licorera con una funcionaria procesada.
María Elena Ortiz Nova es oriunda de Paz de Río, fue alcaldesa de ese municipio y se desempeñó como directora financiera y fiscal del departamento de Boyacá antes de ocupar los cargos que la llevaron a la Gobernación. Su hoja de vida, sin embargo, quedó opacada por la coincidencia familiar en un momento en que la Ungrd continúa siendo uno de los escándalos más sensibles de la opinión pública nacional. La discusión sobre si la trayectoria pesa más que el apellido, o si el apellido obligaba a una decisión distinta, queda abierta en un departamento donde la Licorera es fuente directa de recursos para la salud y la educación de sus habitantes.
