En una decisión de segunda instancia emitida el viernes 30 de octubre de 2026, el Juez Penal del Circuito de Medellín revocó la medida de arresto domiciliario que pesaba sobre Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario. La medida se adoptó tras la apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra la decisión del Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, que el 2 de octubre anterior había concedido la detención domiciliaria al procesado. Quintero Calle es investigado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, relacionados con el direccionamiento irregular de seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Según la investigación, estos seis contratos alcanzaron un monto total de 17.656 millones de pesos y habrían generado un detrimento patrimonial superior a los 2.481 millones de pesos, cifra que coincide con el valor de las presuntas coimas pagadas. La Fiscalía sostiene que Miguel Andrés Quintero Calle habría recibido 1.653,3 millones de pesos, mientras que otro procesado, identificado como Ortega, habría obtenido 133 millones de pesos. La decisión judicial se fundamenta en el artículo 307, numeral 1.°, literal A de la Ley 906 de 2004, dentro del radicado 05001600024820242355900.
La apelación de la Fiscalía y la nueva orden de prisión
La decisión inicial de otorgar casa por cárcel fue proferida el 2 de octubre de 2026 por el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación apeló esta determinación, argumentando la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de obstrucción a la justicia. Al resolver el recurso, el juez de segunda instancia determinó revocar parcialmente la decisión de primera instancia y ordenó la detención preventiva en establecimiento de reclusión. En su providencia, el juez estableció:
«REVOCAR PARCIALMENTE la decisión proferida el dos (2) de octubre de dos mil veintiséis (2026) por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, dentro de la actuación identificada con radicado 05001600024820242355900, exclusivamente en cuanto dispuso que la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a Miguel Andrés Quintero Calle se cumpliera en su lugar de residencia»
Juez Penal de Circuito de Medellín
«IMPONER a Miguel Andrés Quintero Calle, identificado con cédula de ciudadanía número 71.788.353, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, de conformidad con el numeral 1.º del literal A del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia»
Juez Penal de Circuito de Medellín
La decisión fue celebrada públicamente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales expresó su satisfacción con el fallo:
«Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, para la cárcel. Se empieza a hacer justicia. Luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel, en su mansión que construyó con el robo a Medellín, un juez acaba de ordenar su captura y será enviado a una cárcel. Sigue el jefe de la banda»
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
La Fiscalía General de la Nación también emitió un comunicado en el que confirmó la revocatoria de la medida domiciliaria y destacó la acción de su apelación:
«Al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la medida de aseguramiento de carácter domiciliario impuesta a Miguel Andrés Quintero Calle y ordenó su privación de la libertad en establecimiento carcelario»
Fiscalía General de la Nación
En el marco de esta investigación, también fueron imputados Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad. La Fiscalía sostiene que el otro procesado, identificado como Ortega, habría obtenido 133 millones de pesos. El caso continúa su curso y esta decisión de segunda instancia define las condiciones procesales tanto de Quintero como de Ortega, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos que rodean el presunto desvío de recursos públicos.
