Hombres armados interceptaron a un grupo de trabajadores en una vía rural de la vereda Brasil, en el sector de Colonia Baja entre El Picacho y La Marina, en Tuluá, Valle del Cauca, y procedieron a incinerar tres vehículos —un camión, una buseta y una camioneta— junto con una retroexcavadora alrededor de las 1:30 p.m. Este ataque suspendió de inmediato las obras de infraestructura eléctrica y comunitarias en la zona, generando alarma entre la comunidad local.
Los perpetradores obligaron a los trabajadores a descender de los vehículos, incendiaron la maquinaria y se llevaron uno de ellos antes de huir. Dos de los vehículos incinerados fueron hallados a un kilómetro del punto inicial, en el sector de Materas. Los equipos afectados pertenecían a una empresa contratista de la compañía de electricidad de Bogotá, destinados a la instalación de torres de energía de alta tensión en un proyecto nacional que inicia en Antioquia y pasa por Tuluá, mientras que la retroexcavadora se usaba en trabajos comunitarios que también benefician el proyecto turístico Cruz del Picacho.
Autoridades investigan posible extorsión
Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá, confirmó que los vehículos formaban parte de este ambicioso proyecto eléctrico a nivel nacional. “Los vehículos son de una empresa contratista de la compañía de electricidad de Bogotá. Es un proyecto a nivel nacional que viene desde Antioquia y pasa por Tuluá”, explicó Hincapié, quien lamentó el impacto en el desarrollo local: “Eran vehículos que llevaban material para el proceso y los quemaron. Es una situación lamentable porque esto es para el desarrollo de las comunidades”.
“Policía judicial e inteligencia ya asumieron la investigación para llevar el caso ante la Fiscalía General de la Nación”
Cristhian Enrique Bohórquez, Comandante de Estación de Policía de Tuluá
Las autoridades sospechan que el ataque podría estar relacionado con extorsiones o amenazas contra los contratistas, por lo que han reforzado la presencia en la zona con Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Policía y la Secretaría de Gobierno, en un esfuerzo por garantizar la seguridad y reanudar las obras lo antes posible, mientras la comunidad expresa su preocupación por estos actos que frenan el progreso regional.
