El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) condenó enérgicamente la muerte de once menores de edad durante los combates registrados entre grupos disidentes de las FARC en la vereda Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare, el pasado 27 de mayo. La confirmación oficial llegó tras el análisis forense de Medicina Legal, que logró identificar 43 de los 48 cuerpos recuperados en el lugar del enfrentamiento, revelando que entre las víctimas fatales se encontraban ocho niños y tres niñas, víctimas del reclutamiento forzado al que fueron sometidos por las estructuras armadas ilegales.
La directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, señaló directamente a los líderes de las facciones enfrentadas, alias Iván Mordisco y alias Calarcá, por la tragedia que enluta al país. “Las prácticas de guerra de Iván Mordisco y otros grupos ilegales siguen asesinando y poniendo en riesgo la vida de los niños y niñas”, afirmó la funcionaria, quien también subrayó que los menores de edad jamás debieron ser vinculados al conflicto. De los 43 cuerpos identificados, 39 corresponden a hombres adultos, pero la presencia de once adolescentes evidencia una grave vulneración sistemática de sus derechos humanos.
Una crisis que persiste: reclutamiento y desvinculación
Los hechos en Guaviare representan uno de los episodios más luctuosos de los últimos años por la alta proporción de víctimas menores de edad en enfrentamientos entre grupos ilegales. Según datos del ICBF, en los últimos tres años más de 500 niños y niñas han sido rescatados de estructuras armadas, mientras que cerca de 300 adolescentes participan actualmente en programas de desvinculación y recuperación psicosocial. Estas cifras reflejan la magnitud de un problema que, pese a los esfuerzos institucionales, sigue costando vidas inocentes.
“Condenamos que en el enfrentamiento de Guaviare asesinaron a 11 niños y niñas que jamás debieron vincular a su guerra”.
Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora general del ICBF
La directora del ICBF reiteró que ninguna confrontación armada justifica la participación de niños y adolescentes en la guerra, e hizo un llamado a todos los actores del conflicto a respetar el derecho internacional humanitario y a desvincular de manera inmediata a los menores de edad de sus filas. El Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la Nación también condenaron los hechos y exigieron investigaciones exhaustivas para esclarecer la responsabilidad de los cabecillas de las disidencias en esta masacre que, según Medicina Legal, aún mantiene cinco cuerpos sin identificar.
