La Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por su presunta participación en irregularidades en tres proyectos de inversión pública financiados con recursos del Sistema General de Regalías, cuyo valor superó los 91.542 millones de pesos y que habrían generado un detrimento patrimonial de más de 40.327 millones de pesos. La imputación se realizó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.
De acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados se remontan al menos a mayo de 2022, cuando la entonces gobernadora expidió el Decreto 864 del 24 de mayo de ese año, mediante el cual designó a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) como entidad ejecutora de los proyectos. La Fiscalía sostiene que esta asociación no cumplía con los requisitos técnicos, financieros, jurídicos ni administrativos para manejar recursos de regalías, y además no estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales. Los proyectos incluían la construcción de la red de alcantarillado pluvial del sector Playitas y la adecuación de las celdas dos y tres del relleno sanitario del municipio de Tame, obras que no estaban contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental ni registradas en el banco de proyectos del Fondo Nacional de Regalías.
Presunta estrategia de contratación irregular
Según la Fiscalía, la designación de Aremca habría respondido a una estrategia para trasladar la capacidad contractual del departamento a una entidad que no se hallaba legalmente habilitada para adelantar la contratación, operando como un «vehículo instrumental» cooptado por un grupo de delincuencia organizada (GDO). En la audiencia de imputación, el representante del ente acusador señaló directamente a la exgobernadora: «Usted, en su condición de gobernadora del departamento de Arauca, viabilizó, estructuró y aprobó tres proyectos de inversión sin que se encontraran satisfechos los requisitos formales y materiales exigibles en la etapa de planeación y además designó a la Asociación de Municipios del Caribe, Aremca, como entidad pública ejecutora, operando como un vehículo instrumental de contratación, cooptada, como lo dije anteriormente, por un grupo de delincuencia organizada, GDO, con el propósito de trasladar la capacidad contractual del departamento a una entidad que no se hallaba legalmente habilitada para adelantar la correspondiente contratación».
El fiscal del caso detalló que la participación de Barrios Guarnizo fue «esencial y determinante» en la fase de planeación de uno de los proyectos, identificado con el BPIM terminado en 0026. «En lo que atañe a usted, doctora Indira Luz Barrios Guarnizo, ¿su aporte se materializó en qué? En la etapa de trámite del contrato, he dicho, en la fase de planeación. Su intervención, doctora Indira, fue esencial y determinante para la realización de la conducta punible, toda vez que usted tuvo injerencia directa en las fases de estructuración, viabilización y aprobación del proyecto de inversión identificado con el BPIM terminado en 0026, haciendo posible con ello que el negocio jurídico irregular quedase habilitado y naciese a la vida jurídica con la posterior celebración de los contratos derivados de ese proyecto», afirmó.
Documentos falsos y detrimento millonario
Uno de los elementos más graves señalados por la Fiscalía es el uso de documentación falsa. Según la imputación, entre el 20 y el 24 de mayo de 2022, la exgobernadora, junto con la secretaria de planeación, hizo valer un levantamiento topográfico y batimétrico atribuido a Gustavo Gutiérrez Trujillo como si fuera auténtico y técnicamente válido, pese a que ese soporte era materialmente falso. El supuesto profesional no estaba habilitado en el registro del Consejo Profesional Nacional de Topografía y, además, había fallecido antes de la supuesta actualización del estudio que constituyó el sustento técnico y de costos del proyecto. El presunto detrimento patrimonial se distribuye en tres rubros: 28.003 millones de pesos por peculado por anticipo, 10.681 millones por peculado por tributos y 1.652 millones por peculado por sobrecostos, para un total de 40.327 millones de pesos.
«Que entre el 20 y el 24 de mayo de 2022, usted junto con la secretaria de planeación, hizo valer el levantamiento topográfico y batimétrico atribuido a Gustavo Gutiérrez Trujillo (…) como si fuera auténtico y técnicamente válido, pese a que dicho soporte era materialmente falso, pues el supuesto profesional no estaba habilitado en el registro del Consejo Profesional Nacional de Topografía y había fallecido antes de la supuesta actualización del estudio que constituyó el sustento técnico y de costos del proyecto.»
Fiscal del caso, Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
La exgobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo, quien enfrenta este proceso judicial, deberá responder ante la justicia por las presuntas irregularidades que habrían permitido que terceros se apropiaran de cuantiosos recursos públicos del Sistema General de Regalías. La investigación continúa en curso mientras se definen las medidas cautelares y el futuro judicial de la exmandataria.
