La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de concusión a Jairo Winston Mendoza Soto, un auxiliar administrativo que se desempeñaba como supernumerario temporal de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería, por presuntamente solicitar cien millones de pesos a Ana Cristina Muñoz, excandidata al Senado por el Frente Amplio Unitario, a cambio de garantizarle mil votos en las elecciones legislativas. El acusado, cuyo contrato estuvo vigente entre el 3 y el 12 de marzo de 2026, fue señalado por la excandidata de haberla contactado inicialmente el 25 de febrero de ese mismo año, cuando se desempeñaba como funcionario temporal sin cargo directivo, una distinción importante frente a las primeras versiones que lo ubicaban como registrador.
La denuncia, que salió a la luz pública el 10 de marzo de 2026 a través del diario El Tiempo, describe un primer encuentro en la residencia de la excandidata en Montería, seguido de una posterior reunión en una cafetería de un centro comercial, en la que Mendoza Soto habría reiterado la petición de dinero afirmando que podía manipular los resultados electorales. Según el relato de Muñoz, el contacto inicial se produjo el 25 de febrero y las reuniones posteriores se sucedieron hasta que ella decidió denunciar formalmente el 8 de marzo, es decir, el mismo día de la jornada electoral. La imputación de cargos fue presentada por la Fiscalía el 4 de agosto de 2026, y el acusado, que no aceptó los cargos, ha sostenido en su defensa que fue la propia excandidata quien lo contactó.
La denuncia de la excandidata y la reacción del Gobierno
Ana Cristina Muñoz, quien se desempeñó como directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba antes de aspirar al Senado, entregó al ministro del Interior, Armando Benedetti, las pruebas de la presunta extorsión durante una reunión celebrada en Bogotá. La excandidata aseguró contar con material contundente para respaldar su acusación, mientras que el alto funcionario calificó el caso como grave y determinante, comprometiéndose a remitir las evidencias a la Fiscalía General de la Nación.
“Tengo una grabación y fotos de las reuniones en las que me citó para pedirme plata a cambio de votos”
Ana Cristina Muñoz, excandidata al Senado por el Frente Amplio Unitario
En medio de la controversia, el ministro Benedetti fue enfático al anunciar la entrega de los elementos probatorios a las autoridades competentes, lo que refuerza la dimensión institucional del caso.
“Ya ahoritica más tarde se entregarán las grabaciones a la Fiscalía General de la Nación”
Armando Benedetti, ministro del Interior
La versión del acusado
Por su parte, Jairo Winston Mendoza Soto ofreció su versión de los hechos en descargo, negando haber iniciado el contacto con la candidata. Según su relato, el acercamiento se produjo de manera fortuita durante un evento público en un parque de Montería, cuando Muñoz pronunciaba un discurso en busca de líderes para su candidatura. El acusado afirmó que ella fue quien lo buscó posteriormente para acordar una cita en una cafetería de un centro comercial, contradiciendo así la narrativa de la denuncia.
“Nos vimos en un parque en Montería. Ella estaba dando un discurso, buscando líderes para su candidatura. Yo me acerqué, como muchas otras personas, y le di mi número”
Jairo Winston Mendoza Soto, acusado
“Ella fue la que me marcó a mí, me dijo que si podíamos encontrarnos y nos vimos en un centro comercial, en una cafetería”
Jairo Winston Mendoza Soto, acusado
La investigación también reveló que Mendoza Soto hacía parte de un grupo de aproximadamente treinta mil personas reclutadas a nivel nacional por la Registraduría para labores logísticas durante las elecciones, un dato que pone en contexto la magnitud de la contratación temporal en los comicios. En cuanto al resultado electoral, la excandidata Muñoz obtuvo apenas 622 votos en el conteo oficial, una cifra que contrasta con los mil sufragios que presuntamente le fueron ofrecidos, lo que la llevó a presentar una segunda denuncia por tráfico de votos y otros delitos electorales ante la Fiscalía. Tras hacer pública su denuncia, Muñoz aseguró haber recibido amenazas en Córdoba, situación que añade un elemento de riesgo a un caso que expone las presuntas redes de corrupción que pretenden incidir en la voluntad popular.
