El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la informalidad laboral en Colombia alcanzó el 54,6% durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores del país permanecen sin cotización a seguridad social ni pensión garantizada, a pesar de que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ya completa un año de vigencia. La cifra representa una leve reducción de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior, cuando se ubicó en 55,0%, pero los expertos advierten que el descenso es marginal y no logra revertir la persistente exclusión laboral.
El informe del Dane, correspondiente al Boletín Técnico de Ocupación Informal, muestra que en las trece principales ciudades y áreas metropolitanas la informalidad se situó en 40,6%, frente al 42,0% del mismo trimestre de 2025, es decir, una caída de 1,4 puntos. En la medición de las 23 ciudades y áreas metropolitanas el indicador fue de 41,9%, también con una reducción de 1,4 puntos respecto al 43,3% anterior. Sin embargo, en los centros poblados y el rural disperso la informalidad sigue siendo abrumadora: 83,2%, prácticamente estable frente al 83,1% del año pasado. Por sexo, los hombres presentan una tasa de informalidad del 56,9% a nivel nacional, frente al 57,3% previo, mientras que las mujeres alcanzan el 51,5%, contra el 51,7% anterior. En las trece principales ciudades, la informalidad femenina es de 39,6% (frente a 40,9%) y la masculina de 41,4% (frente a 42,9%).
Las ciudades con mayor y menor informalidad
El informe del Dane identifica a Sincelejo como la ciudad con el índice más alto de informalidad laboral del país, mientras que Bogotá registra la menor proporción. Las microempresas, según la medición oficial, concentran el mayor nivel de ocupación informal, lo que refleja las dificultades estructurales que enfrentan los pequeños negocios para cumplir con las cargas regulatorias y los costos laborales derivados de la reforma que entró en vigor en 2025. Precisamente, el gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo del 23,7%, llevándolo a dos millones de pesos mensuales bajo el concepto de «salario vital», una medida que expertos señalan como un factor que puede incentivar la informalidad al incrementar los costos de formalización.
Andrés Monroy Fonseca, gerente de Servicios Legales y Tributarios de la firma Crowe Co., que elaboró un estudio sobre los efectos económicos y financieros de la nueva reforma laboral, advierte que «es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad». En su análisis, Monroy señala que «si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país», el aumento del salario mínimo y las mayores exigencias regulatorias presionan a los empleadores, especialmente a las microempresas, a optar por la informalidad como mecanismo de supervivencia. La reforma laboral, que ya completa un año de implementación, no ha logrado impactar significativamente la tasa de informalidad, que se mantiene por encima del 54%, y los datos del Dane evidencian que la exclusión de la seguridad social y la ausencia de pensión garantizada siguen siendo la realidad para la mayoría de los trabajadores colombianos, sobre todo en las zonas rurales y en las pequeñas unidades productivas.
