Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del sistema de salud colombiano, respondió este martes a la solicitud de renuncia formulada por Daniel Quintero, superintendente Nacional de Salud, afirmando que solo el presidente Gustavo Petro tiene la autoridad para pedírsela. El anuncio de Quintero se dio en el marco de una evaluación general del desempeño de los interventores de las EPS bajo administración estatal, abarcando aspectos como la atención a usuarios, la entrega de medicamentos, la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, así como el manejo financiero y administrativo.
La declaración de Ospina se produce en un contexto de tensiones en el sector salud, donde el Gobierno Nacional ha intervenido varias entidades para estabilizar el sistema. Quintero había pedido la renuncia de todos los agentes interventores de estas EPS, como parte de un proceso de revisión de resultados y cumplimiento de objetivos en las intervenciones estatales, lo que ha generado debate sobre la continuidad en la gestión de estas organizaciones clave para millones de afiliados en Colombia.
Evaluación y estabilidad en las intervenciones
El proceso de evaluación busca medir el impacto de las intervenciones en la operatividad de las EPS, incluyendo la Nueva EPS, cuya gestión es crítica dada su magnitud en el país. Ospina enfatizó la importancia de mantener la estabilidad para avanzar en la recuperación de la entidad, advirtiendo sobre los riesgos de cambios abruptos en medio de la actual inestabilidad observada en intervenciones previas.
“Que la renuncia mía me la pide es Petro, no Quintero. Esto porque ha habido inestabilidad en las intervenciones, y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos en esa inestabilidad”
Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS
La situación sigue en desarrollo, con las declaraciones públicas de ambos funcionarios destacando las diferencias en la cadena de mando y la necesidad de decisiones coordinadas desde el más alto nivel del Gobierno para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud a nivel nacional.
