La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado directo al presidente electo Abelardo de la Espriella para que garantice la continuidad de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, recordándole su “obligación constitucional” de cumplir lo pactado. La advertencia se produjo durante la instalación del Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad”, en un momento clave a pocos días de la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto. Marín citó el Acto Legislativo 02 de 2017 para subrayar que el compromiso con la paz no es una opción política, sino un mandato que vincula a todas las autoridades del Estado.
El pronunciamiento de la Defensora responde directamente a los anuncios del presidente electo, quien ha planteado una reestructuración profunda de las dependencias encargadas de la política de paz, incluyendo la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Alto Comisionado para la Paz, cuyas funciones pasarían al Comisionado Nacional de Seguridad. Frente a esta reorganización, Marín reconoció la facultad del nuevo gobierno para ajustar su equipo e institucionalidad, pero advirtió sin titubeos: “No hay tiempo que perder. Los ajustes institucionales deben orientarse a agilizar, a generar más impacto y a no retroceder por dudas sobre si es mejor ir por un camino o por otro”.
“Tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final y, en consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado deberán coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”.
Iris Marín, defensora del Pueblo
En el centro del debate está el Acto Legislativo 02 de 2017, norma que eleva a rango constitucional la implementación del acuerdo y establece que dicha obligación rige hasta la finalización de tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma. La Defensora fue precisa al recordar que el próximo 7 de agosto, con la posesión de Abelardo de la Espriella, inicia el tercer y último periodo de gobierno cobijado por ese mandato. “Tiene la obligación constitucional de implementar el acuerdo de paz y seguir avanzando hacia nuestra Constitución de la paz”, afirmó Marín, quien también citó los riesgos que enfrentan comunidades, víctimas y firmantes de paz, quienes “siguen asediados por riesgos y por la desprotección”.
Desde la otra orilla, el presidente electo ha sido contundente en su discurso. De la Espriella calificó el sistema actual como un “perverso sistema de impunidad” y aseguró que a partir del 7 de agosto su objetivo será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se acaba desde que asuma el cargo en mi propiedad”. En sus declaraciones, encomendó al futuro Comisionado para la Seguridad, al ministro de Justicia designado, Iván Cancino, y al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, la orden de “desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.
“No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.
Abelardo de la Espriella, presidente electo
Marín, sin embargo, insistió en que los cambios no pueden detener lo avanzado. “La implementación debe continuar sin traumatismos y un buen gobierno debe disponer de todo lo necesario para impulsar lo avanzado y corregir lo necesario. La urgencia es para las comunidades, para las víctimas y para los firmantes de paz, que siguen asediados por riesgos y por la desprotección”, señaló la defensora, en un llamado que busca conciliar la facultad de reorganización del nuevo gobierno con la obligación de no retroceder en los compromisos adquiridos.
El pulso entre la Defensoría y el gobierno entrante refleja la tensión que rodeará la política de paz en el nuevo periodo presidencial. Mientras De la Espriella promete un giro radical hacia la seguridad y el fin de la impunidad, Marín recuerda que la Constitución y el Acto Legislativo 02 de 2017 exigen continuidad. La posesión del 7 de agosto será, sin duda, el punto de partida para definir si el tercer periodo presidencial posterior al acuerdo será el de su consolidación o el de su redefinición más profunda.
