En el marco de la Cumbre “Liderazgo y desarrollo económico, pilares para una agenda de igualdad en Colombia”, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, anunció una ambiciosa agenda legislativa para la nueva legislatura del Congreso, que prioriza tres ejes fundamentales: un proyecto de ley de paridad de género en las altas cortes, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidado y mejoras sustanciales en la respuesta estatal contra las violencias basadas en género. La funcionaria fue enfática al señalar que las decisiones que tomen los legisladores en los próximos dos meses serán determinantes para el avance hacia una Colombia más igualitaria y garante de derechos humanos, y advirtió que estos temas no admiten más aplazamientos y deben convertirse en políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno.
La propuesta de paridad en las altas cortes no es un gesto simbólico, según explicó la Defensora, sino una medida de igualdad sustantiva que incorpora mecanismos obligatorios y acciones afirmativas en los procesos de postulación y elección de magistrados, incluyendo criterios de diversidad territorial, étnica, racial, generacional y social. La iniciativa surge en un contexto donde la participación de las mujeres en la cúpula judicial aún enfrenta barreras significativas, y busca corregir un déficit histórico de representación. En paralelo, la agenda insiste en que el sistema de cuidado debe convertirse en una prioridad estructural, con financiación asegurada, gobernanza territorial y participación efectiva de las mujeres, además de involucrar activamente a los hombres en estas labores. Las cifras respaldan la urgencia: según datos de la Defensoría, las mujeres dedican en promedio 4 horas y 21 minutos más al día que los hombres a labores domésticas y de cuidado no remuneradas, una carga que limita su acceso al mercado laboral, la educación y la participación política.
“La paridad no es una concesión, es una garantía democrática”
Durante su intervención, Iris Marín Ortiz dejó claras las bases filosóficas de la propuesta al afirmar que “la paridad en las altas cortes no es una concesión, es una medida de igualdad sustantiva compatible con el mérito y una garantía democrática”. Asimismo, recalcó que el sistema de cuidado debe estar acompañado de una institucionalidad fuerte y de la participación real de las mujeres en su diseño e implementación. La Defensoría también elevó un llamado urgente para fortalecer las rutas de atención a víctimas de violencia basada en género, mejorar el acceso a la justicia, ampliar las casas refugio y robustecer la capacidad de prevención, investigación y sanción de estos delitos. La entidad advirtió, además, que ha identificado un aumento de los riesgos para mujeres y población LGBTIQ+ en materia de seguridad, lo que hace aún más apremiante la adopción de estas medidas.
«Las decisiones que se adopten en estos próximos dos meses por parte del Congreso de la República marcarán la posibilidad real de avanzar hacia una Colombia más igualitaria, más democrática y más garante de los derechos humanos»
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
La agenda presentada por la Defensoría no se limita a un paquete de reformas legales, sino que busca instalar un cambio cultural y estructural que convierta la igualdad de género en un pilar transversal de las políticas públicas. La urgencia de esta transformación se refleja en el llamado a que el Congreso actúe con celeridad: los próximos dos meses definirán si Colombia avanza o retrocede en derechos de las mujeres y de la población diversa, en un escenario donde la desigualdad en las cortes, la sobrecarga de los cuidados y la violencia de género siguen siendo deudas históricas del Estado.
