El abogado Jaime Granados Peña, reconocido por ser el apoderado judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago Uribe Vélez, respaldó de manera contundente la propuesta del designado ministro de Justicia, Iván Cancino, que plantea la eliminación de las audiencias de imputación de cargos dentro del sistema penal colombiano. La iniciativa, que busca agilizar los procesos judiciales y optimizar los recursos del sistema de justicia, fue anunciada por Cancino en una entrevista concedida al programa 6AM W de Caracol Radio, desatando un debate de fondo sobre la eficiencia de las etapas procesales actuales.
En su intervención, el futuro jefe de la cartera de Justicia argumentó que si un juez de control de garantías no puede realizar un control material profundo y completo sobre la imputación que realiza la Fiscalía, la realización de dicha audiencia pierde sentido práctico. Cancino propuso que, en los casos donde no sea necesaria una medida de aseguramiento contra el procesado, bastaría con notificarle de manera formal los cargos, mientras que si se requiere dicha medida, la audiencia para imponerla podría asumir las funciones de la imputación. «Frente a la imputación hay una discusión muy de fondo. Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo», afirmó Cancino.
Un respaldo con historia judicial
El apoyo a esta reforma llegó desde un sector inesperado pero con profundo conocimiento del sistema. Jaime Granados, a través de su cuenta en la red social X, reveló que esta misma idea fue presentada por él hace aproximadamente 23 años, cuando integraba la comisión que trabajó en el anteproyecto del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). El jurista aseguró haber reiterado este planteamiento de manera académica durante más de dos décadas y celebró que el nuevo ministro designado lo haya retomado. «Esta idea fue la que originalmente presenté hace 23 años en la comisión del anteproyecto SPOA y he reiterado académicamente durante todos estos años. Celebro que hoy finalmente la enarbole el nuevo ministro designado quien de su experiencia sabrá que esta idea era la correcta”, escribió Granados.
Iván Cancino, designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, dejó claro que la propuesta no es un capricho y que buscará construir consensos. «Vamos a debatirlo con la señora fiscal (Luz Adriana Camargo), con el presidente y los magistrados, tanto de la Sala de Instrucción como de Juzgamiento, como de la Sala de Casación de la Fiscalía y, obviamente, también con los jueces de garantías, que son los más interesados, a quienes les daré todo la escucha posible para mejorar las condiciones», explicó el nuevo ministro. En su agenda también figura la prioridad de «fortalecer los derechos de las personas privadas de la libertad, pero también eliminar la delincuencia desde las cárceles», una declaración hecha a Noticias Caracol que marca una de sus líneas de acción.
El debate sobre la eliminación de esta etapa procesal, que es el momento en el que se le notifica formalmente al investigado los delitos que se le imputan, promete ser uno de los ejes centrales de la nueva administración en materia de justicia. Cancino también ha manifestado su intención de mantener una relación armónica con las altas cortes, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, al mismo tiempo que busca cerrar las brechas de acceso a la justicia y fortalecer la defensa jurídica del Estado. La propuesta, que ahora tiene el respaldo de una figura clave del derecho penal como Jaime Granados, se perfila como una de las primeras grandes reformas que impulsará el nuevo gobierno.
