En una jugada de último minuto para salvar el proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno colombiano, solicitó formalmente una reunión con el presidente electo Abelardo de la Espriella para exponer los avances alcanzados hasta ahora y evitar que el diálogo quede suspendido. La petición se da en medio de la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la nueva administración que asumirá el poder, luego de que De la Espriella, en su primer discurso como mandatario electo, lanzara un ultimátum de 30 días para que todos los grupos armados se sometan a la justicia o enfrenten a las Fuerzas Militares.
Novoa, quien lidera la mesa de negociaciones con la CNEB —una facción disidente de la Segunda Marquetalia—, hizo el anuncio en diálogo con Caracol Radio, donde explicó que su objetivo es que el gobierno entrante conozca de primera mano el estado actual de la mesa y garantice la continuidad del proceso. “Pediríamos que se nos permitiera contar en detalle al gobierno entrante sobre nuestros avances porque ya hay unas personas que dejaron las armas, que están en tránsito a la vida civil y a nuestro juicio, con todo el respeto hacia el gobierno entrante, creemos que ese esfuerzo no puede quedar a mitad de camino”, declaró el jefe negociador. Según las cifras manejadas por el equipo gubernamental, cerca de 100 exintegrantes de la CNEB ya han entregado las armas y se encuentran en proceso de reincorporación, mientras que se estima que otros 100 combatientes de la misma organización y de los Comandos de Frontera, en Putumayo, dejarán las armas antes de que finalice el gobierno de Gustavo Petro.
El ultimátum del presidente electo
La solicitud de Novoa se produce en un clima de incertidumbre luego de que Abelardo de la Espriella, en su primer mensaje como presidente electo, advirtiera a las organizaciones armadas ilegales con un plazo perentorio de 30 días para iniciar su sometimiento al estado de derecho. En sus palabras textuales, difundidas durante el discurso de victoria, el mandatario electo fue contundente: “A esas personas que intimidan al pueblo mediante el caos y la violencia. A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar. Disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho (…) en mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables que recibieron del régimen que está llegando a su fin”. La advertencia dejó en vilo el futuro de los diálogos que venía adelantando el gobierno saliente, especialmente con grupos como la CNEB, que habían mostrado voluntad de paz.
Frente a este escenario, Novoa instó al nuevo gobierno a considerar a la CNEB como una excepción dentro del ultimátum general, argumentando precisamente la “voluntad de paz” demostrada por sus integrantes, quienes ya han empezado a dejar las armas y a transitar hacia la vida civil. “Creemos que ese esfuerzo no puede quedar a mitad de camino”, insistió el jefe negociador, quien busca que los delegados del gobierno electo se reúnan para conocer los detalles del proceso y la situación de las personas en reincorporación. La petición llega en un momento crítico, cuando faltan pocos días para el cambio de mando y el proceso de paz con la CNEB —una disidencia de la Segunda Marquetalia— podría quedar inconcluso si la nueva administración decide no darle continuidad.
«Pediríamos que se nos permitiera contar en detalle al gobierno entrante sobre nuestros avances porque ya hay unas personas que dejaron las armas, que están en tránsito a la vida civil y a nuestro juicio, con todo el respeto hacia el gobierno entrante, creemos que ese esfuerzo no puede quedar a mitad de camino»
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno colombiano
La información, divulgada por Colprensa y difundida en Caracol Radio, refleja la tensión entre la continuidad de una apuesta de paz que ya ha dado frutos concretos —con 100 excombatientes en proceso de reincorporación y otros 100 a punto de dejar las armas— y la mano dura anunciada por el presidente electo. Novoa confía en que el diálogo con el gobierno entrante permita salvar lo avanzado y garantizar que quienes ya se acogieron al proceso no queden desprotegidos. Mientras tanto, el reloj corre: el ultimátum de 30 días de De la Espriella ya empezó a contar y el destino de la CNEB y su proceso de paz pende de un hilo.
