La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el inicio del primer juicio adversarial transicional contra un excongresista en Colombia. Se trata de Luis Fernando Almario Rojas, exrepresentante a la Cámara, acusado de haber tejido una alianza criminal con las extintas Farc para exterminar a la familia Turbay Cote y controlar políticamente el departamento de Caquetá. Las audiencias públicas se llevarán a cabo en Bogotá los días 22 y 23 de julio, según lo confirmó la JEP el domingo 12 de julio. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) responsabilizará a Almario del crimen de lesa humanidad de persecución, en un proceso que incluirá el análisis de pruebas y estipulaciones previamente pactadas.
Este juicio marca un precedente histórico en la justicia transicional colombiana, al ser la primera vez que un excongresista se sienta en el banquillo bajo este mecanismo. De ser hallado culpable, Almario enfrentaría una condena de hasta 20 años de prisión. La acusación sostiene que el exlegislador orquestó un plan sistemático junto con la guerrilla para eliminar al liderazgo político del denominado sector “turbayista”, que incluía a Diego Turbay Cote, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, y a su madre, Inés Cote de Turbay, asesinados en una masacre ocurrida el 29 de diciembre de 2000 en la que también perdieron la vida cinco acompañantes.
Una ola de violencia sistemática
De acuerdo con la investigación de la JEP, la alianza entre Almario y las Farc habría dejado un saldo de aproximadamente 30 líderes, simpatizantes y colaboradores del sector “turbayista” asesinados o secuestrados. Entre las víctimas fatales se cuentan seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador. La masacre de Diego Turbay Cote y su madre fue el punto más visible de una estrategia de persecución que buscaba eliminar cualquier oposición política en la región para asegurar el control territorial y electoral de Caquetá.
Los recursos de la defensa y el historial judicial de Almario
La defensa de Almario ha intentado detener el proceso en múltiples ocasiones. Desde 2023, presentó dos solicitudes de nulidad y una petición de prescripción, todas rechazadas por la JEP por considerarlas extemporáneas y carentes de fundamento. Además, en junio del año pasado, la JEP negó el sometimiento voluntario de Almario en un caso de parapolítica, al considerar que sus compromisos con la verdad eran insuficientes. En 2025, la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena contra el excongresista por los delitos de concierto para promover grupos armados ilegales y constreñimiento al elector.
La JEP ha emitido hasta la fecha 182 imputaciones contra las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este nuevo juicio adversarial contra un civil –en este caso un excongresista– representa un paso adicional en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado colombiano. Las Farc se desmovilizaron formalmente en noviembre de 2016, pero los hechos por los que se juzga a Almario ocurrieron durante los años más cruentos de la guerra en Caquetá, un departamento estratégico para los intereses políticos y militares de la guerrilla.
