La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un ultimátum histórico contra Jorge Torres Victoria, conocido como alias Pablo Catatumbo, exintegrante del secretariado de las Farc y excomandante del Bloque Oriental. El tribunal, bajo la magistratura de Marcela Giraldo, advirtió que abrirá un incidente de verificación del régimen de condicionalidad si el compareciente no responde un cuestionario escrito antes del 4 de agosto de 2026, paso previo a una posible expulsión de la justicia transicional. Catatumbo, de 73 años, enfrenta este ultimátum tras múltiples aplazamientos y ausencias que incumplen sus deberes de comparecencia y aporte de verdad plena en el marco del macrocaso 10, que investiga crímenes no amnistiables de las Farc.
El historial de incumplimientos se remonta a marzo de 2025, cuando Catatumbo fue citado a declarar presencialmente los días 2 y 3 de marzo, pero su defensa pidió un aplazamiento por una caída. La JEP exigió acreditar su estado de salud en un plazo de 15 días, que venció sin respuesta. El 15 de abril se presentó una historia clínica con una incapacidad hasta el 14 de mayo, plazo que también expiró sin nuevos informes. Reprogramada la diligencia para junio, el 17 de ese mes la defensa reportó un “deterioro” por vértigo. Finalmente, el 30 de junio la JEP cambió la modalidad a un cuestionario escrito, concediendo un término de 10 días para responder, pero al vencerse el plazo el despacho no recibió ninguna comunicación del excomandante ni de su abogado, Orlando Bernal Morales.
Ultimátum con consecuencias graves
En el auto emitido por la JEP, citado por La FM, se advierte que el incumplimiento de este nuevo término, así como de las demás obligaciones contenidas en el régimen de condicionalidad, podrá dar lugar a la apertura de un incidente de verificación. “Ello, en tanto la versión voluntaria constituye una actuación directamente relacionada con su deber de comparecencia y de aporte a la verdad plena ante esta Jurisdicción”, señala el documento. La magistrada Giraldo también compulsó copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para investigar la conducta del abogado Orlando Bernal Morales por su gestión en el caso. Este ultimátum es el primero que la JEP establece con una fecha límite concreta para un exmiembro del secretariado de las Farc, lo que marca un precedente en la justicia transicional colombiana.
“Vencido el término concedido, el Despacho no recibió respuesta a la versión voluntaria del compareciente, ni comunicación alguna”.
Auto de la JEP, citado por La FM
Catatumbo ya fue condenado en la primera sentencia de la JEP contra miembros del secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros y crímenes asociados como torturas, desplazamientos forzados y violencia sexual. La sanción impuesta le exige participar durante ocho años en proyectos de desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos y reparación simbólica. Sin embargo, su reiterada incomparecencia pone en riesgo estos beneficios. El Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, que representa a varias víctimas del macrocaso 10, ha solicitado considerar un posible incumplimiento del régimen de condicionalidad. Este macrocaso investiga crímenes no amnistiables como los atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, el “burrobomba” de 1996 en Sucre y el ataque al club El Nogal en Bogotá en 2003. Si Catatumbo no responde antes del 4 de agosto de 2026, la JEP iniciará un incidente de verificación que podría culminar con su expulsión de la jurisdicción, perdiendo todos los beneficios de la justicia transicional y quedando expuesto a la justicia ordinaria.
