La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia anunció el 28 de abril un drástico aumento en la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, elevándola a 7.837 casos al ampliar el periodo de análisis desde el anterior rango de 2002-2008 hasta 1990-2016. Este incremento de más de mil víctimas respecto a la cifra previa de 6.402 se logró mediante el cruce de nuevas bases de datos de la Procuraduría General de la Nación e incorporando cerca de mil informes adicionales presentados por las víctimas. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y el magistrado Pedro Díaz destacaron esta actualización, que revela una práctica sistemática de homicidios y desapariciones forzadas cometidos por miembros de la fuerza pública y presentados falsamente como bajas en combate.
Entre los departamentos más afectados se encuentra Antioquia, con 1.932 casos documentados, lo que subraya la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos en regiones clave del país. Las cifras actuales son provisionales y podrían incrementarse aún más a medida que avancen las investigaciones y las confesiones en audiencias territoriales, consolidando así un panorama más completo de la verdad histórica y judicial sobre estos crímenes que datan desde 1990 e involucran incluso a la Policía Nacional en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Avances en la legitimidad de la JEP pese a obstáculos
Expertos como Milton Perdomo, docente de derecho en la Universidad Politécnico Grancolombiano, han valorado positivamente este informe, señalando que fortalece la legitimidad de la JEP al crear criterios de verdad judicial respaldados por pruebas en un proceso formal. Este progreso en los procesos de verdad judicial, mediante el análisis exhaustivo de datos y testimonios, resulta crucial para las víctimas y la sociedad civil, facilitando el acceso a la verdad y la prevención de futuras repeticiones, aunque enfrenta desafíos como limitaciones de financiamiento, plazos ajustados y rechazo político.
“Esto nos da cuenta de que efectivamente la jurisdicción está sirviendo y está sirviendo no solamente como verdad histórica, sino como verdad judicial. Este tipo de informes han avanzado en los procesos de verdad judicial, aunque con muchos problemas por temas de financiamiento, por temas políticos de rechazo a la conformación de este tipo de justicia”
Milton Perdomo, docente de derecho, Universidad Politécnico Grancolombiano
“Se fortalece efectivamente la legitimidad de la Justicia Especial para la Paz, porque primero está creando criterios de verdad judicial, es decir, está hallando pruebas de que existieron este tipo de prácticas y que se dan en el marco de y en el desarrollo de un proceso judicial. Es un avance significativo”
Milton Perdomo, docente de derecho, Universidad Politécnico Grancolombiano
Perdomo también enfatizó la necesidad de que el próximo gobierno se comprometa con la continuidad de esta jurisdicción transicional, que ha demostrado resultados más rápidos en comparación con mecanismos como la Jurisdicción de Transición de Justicia y Paz, generando reacciones positivas sobre su rol en la construcción de una justicia efectiva para las víctimas de estos graves abusos.
“El gobierno que venga tiene que estar comprometido a continuar con este ejercicio de la jurisdicción. Esta justicia transicional ha mostrado resultados verdaderos en tiempos más o menos más rápidos en comparación con su homóloga, que es la Jurisdicción de Transicional de Justicia y Paz”
Milton Perdomo, docente de derecho, Universidad Politécnico Grancolombiano
