La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para un nuevo capítulo en el esclarecimiento del reclutamiento forzado de menores por parte de las extintas Farc. La Subsala J del tribunal de paz discutirá el próximo jueves 17 de septiembre de 2026 una ponencia presentada por la magistrada Lily Rueda, que propone llamar a versión libre a la exsenadora Sandra Ramírez, viuda del fundador de la guerrilla, Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’. La diligencia se enmarca en el Caso 07, uno de los siete macrocasos priorizados por la JEP, que investiga precisamente el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.
La ponencia, que deberá ser evaluada por las magistradas Julieta Lemaitre y Belkis Izquierdo, busca contrastar la versión de Ramírez con los informes de la Fiscalía, los testimonios recopilados y las declaraciones de otros exintegrantes del secretariado de las Farc. La exsenadora, quien ha negado haber cometido delitos sexuales dentro de la guerrilla y ha marcado una diferencia entre la responsabilidad institucional de la organización y su responsabilidad individual, podría ser llamada a responder por su presunto conocimiento o responsabilidad en las prácticas de reclutamiento de menores. Si la ponencia es aprobada, Ramírez deberá comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos.
El caso de Deisy Guanaro y el clamor de las víctimas
La decisión de la JEP llega en medio de la presión constante de organizaciones de víctimas. La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc ha solicitado en repetidas ocasiones la vinculación de Ramírez, señalando su cercanía con la cúpula insurgente. Una de las voces más representativas es la de Deisy Guanaro, quien fue reclutada cuando apenas tenía 10 años. Guanaro, víctima acreditada en el proceso, lleva más de un año reclamando la inclusión de la exsenadora y ha denunciado amenazas e irregularidades en su esquema de protección. En abril de 2026, la federación envió una carta a la JEP pidiendo acelerar la citación y evaluar incluso una medida cautelar de detención intramural.
“Si las versiones van a la JEP y la JEP me requiere, yo con muchísimo gusto voy porque es el tribunal que se pactó en el acuerdo”.
Sandra Ramírez, exsenadora, en entrevista con La FM en marzo de 2026
La postura pública de Ramírez ha generado controversia. Mientras que otros excomandantes de las Farc han reconocido que sí existió reclutamiento forzado de menores, ella ha afirmado lo contrario, una posición que choca con los relatos de cientos de víctimas documentados por la JEP. La Sala ha establecido que una cantidad importante de los menores reclutados sufrieron además violencia sexual y de género, lo que ha generado sublíneas de investigación específicas dentro del Caso 07.
Implicaciones legales y futuro procesal
La versión libre a la que sería convocada Ramírez no equivale a una confesión obligatoria. En esta etapa, la exsenadora puede presentar su relato y las víctimas acreditadas tienen la posibilidad de formular observaciones y pedir aclaraciones. Sin embargo, su declaración afecta directamente su régimen de condicionalidad, es decir, los beneficios que recibe de la justicia transicional, los cuales exigen verdad plena y exhaustiva. Si la Sala determina que omite, minimiza o contradice los relatos de las víctimas, su conducta podría perjudicarla, aunque actualmente no sea tratada como máxima responsable.
El panorama legal es claro: si Ramírez reconociera su responsabilidad con un aporte completo de verdad, podría acceder a una sanción propia restaurativa, que no implica prisión. En cambio, si negara los hechos y estos fueran probados posteriormente, el expediente pasaría a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, donde podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión ordinaria. Este escenario cobra relevancia además porque la exsenadora fue vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la legislatura anterior, un hecho que ha sido duramente criticado por organizaciones de víctimas, que lo consideran una revictimización.
