La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad al general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante de la IV Brigada, y a otros once exintegrantes de la fuerza pública por hechos ocurridos en la Comuna 13 de Medellín entre 2001 y 2004, en el marco de la Operación Orión y otras intervenciones militares. Los imputados, ocho del Ejército y cuatro de la Policía, incluyen a los coroneles retirados Bernardo Gutiérrez Camelo, exjefe de inteligencia B-2 de la IV Brigada; Jairo Bocanegra de la Torre, excomandante del Batallón de Ingenieros No. 4; Álvaro Botero Mejía, subcomandante operativo de la Policía; Juan Armando René Cadena Montenegro, excomandante del Gaula Militar Antioquia; Julián Ernesto Cadena Castillo, del Batallón de Infantería No. 32, y Darío Enrique Cortés Castillo, excomandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 6. También figuran el brigadier general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; el capitán retirado Carlos Mauricio Rojas Martínez, exjefe de inteligencia del Gaula; los mayores retirados Sergio Enrique Pérez García, de operaciones de la Regional No. 6, y Jhon Jairo López Valencia, excomandante del Cuerpo Élite Antiterrorista; y el sargento Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa, alias El Diablo, del Cuerpo Élite Antiterrorista.
Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, la imputación abarca 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas, entre ellas 87 víctimas de desaparición forzada, 80 homicidios, 289 desplazamientos forzados, 74 hechos de lesiones personales, 34 casos de tortura, 7 víctimas de violencia sexual y 380 privaciones graves de la libertad. Durante la Operación Orión, ejecutada entre el 16 y el 23 de octubre de 2002, fueron capturadas 292 personas, de las cuales 248 no tenían orden de captura y 144 fueron liberadas entre octubre de 2002 y enero de 2003 por falta de pruebas.
Un patrón de crímenes y omisiones
La Sala atribuye a los comparecientes un patrón macrocriminal que habría incluido la estigmatización de los habitantes de la Comuna 13 como presuntos colaboradores de las guerrillas, así como tolerancia o colaboración con el Bloque Cacique Nutibara, estructura paramilitar al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Se documentó persecución contra lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI). En el caso del general Montoya, la imputación se basa en una responsabilidad por omisión impropia, al incumplir sus deberes de mando, control y protección desde su posición de garante al frente de la IV Brigada, sin que se le atribuya la ejecución directa de los crímenes ni órdenes específicas. Bajo su mando operaban unidades como el Gaula Militar Antioquia, el Batallón de Ingenieros No. 4, el Batallón de Infantería No. 32 y la sección de inteligencia B-2, las cuales habrían coordinado territorialmente con los paramilitares bajo la fórmula «usted entra y yo salgo».
La decisión se inscribe en el Subcaso Antioquia del Caso 08 de la JEP, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en alianza con paramilitares y terceros civiles. Los hechos están vinculados a las operaciones Otoño, Contrafuego, Metro, Mariscal y Orión. La Sala analizó información de al menos 13 bases de la IV Brigada. Según la JEP, tras la Operación Orión, el Bloque Cacique Nutibara consolidó su presencia territorial, social, política y económica en la Comuna 13.
La imputación no constituye condena. Los comparecientes pueden reconocer su responsabilidad por escrito o controvertirla con argumentos y pruebas. Si aceptan los cargos, el expediente será remitido al Tribunal para la Paz para la imposición de sanciones restaurativas; si la controvierten, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría solicitar penas de hasta 20 años de prisión. Cabe recordar que Mario Montoya enfrenta además un juicio en la JEP por su presunta participación en 118 casos de falsos positivos.
