La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve exmiembros del Ejército, dos expolicías y un exempleado de seguridad de Ecopetrol por su presunta participación en una alianza criminal que facilitó la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y el año 2000. Se trata de la primera imputación de la JEP contra integrantes de la Policía y contra un civil vinculado a la seguridad de una empresa petrolera dentro del Subcaso Magdalena Medio, y representa el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el marco del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en alianza con paramilitares o terceros civiles.
La Sala de Reconocimiento estableció que esta alianza criminal «preparó, facilitó y sostuvo» la incursión paramilitar, identificando como “enemigo” a personas y organizaciones que consideraba vinculadas con la guerrilla, valiéndose de inteligencia militar para facilitar asesinatos, desapariciones forzadas, masacres y persecuciones sistemáticas. El objetivo era expulsar de la ciudad a la guerrilla y a todos aquellos que fueran considerados parte de su base social, incluyendo sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales. Durante el periodo comprendido entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000, la JEP documentó 14 masacres, 431 personas asesinadas, 85 desaparecidos forzadamente y un total de 473 víctimas individuales identificadas.
Los imputados y las omisiones castrenses
De los doce comparecientes, nueson fueron imputados como coautores de la alianza criminal, entre ellos altos mandos del Ejército como García García, Brugés Palmera y González Sánchez. Además, tres exintegrantes del Ejército fueron imputados por omisión: los brigadieres generales retirados Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva. La investigación también señala al capitán y oficial de inteligencia del Batallón Nueva Granada, Oswaldo Prada Escobar; a Carlos Eduardo Avendaño, quien habría ordenado retirar los blindados; al coronel Óscar Diego Sánchez Vélez, que se habría ausentado para asistir a una reunión social; y al teniente Juan Carlos Celis, quien un día después de la incursión del 1 y 2 de agosto de 1998 —que dejó 11 asesinados y 4 heridos— reclamó a los paramilitares porque el número de víctimas superaba lo acordado. Todos los comparecientes tienen 15 días hábiles, tras la notificación, para reconocer responsabilidad o controvertir la imputación; si aceptan los hechos y hacen aportes plenos de verdad, la Sala podrá remitir una Resolución de Conclusiones al Tribunal para la Paz.
La masacre que marcó el inicio y la lucha de las víctimas
La masacre del 16 de mayo de 1998 fue identificada como el acto inicial de la toma paramilitar, cuando siete civiles fueron asesinados y 25 secuestrados, torturados, ejecutados y desaparecidos. Ocho días antes de esa masacre, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) había alertado al comandante de la Quinta Brigada, Fernando Millán, sobre un posible ataque, sin que se tomaran medidas de protección. La persecución contra la USO y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) fue parte central de la estrategia, que incluyó infiltraciones, seguimientos, amenazas y procesos judiciales, como lo evidencian los más de 30 dirigentes y activistas de la USO procesados por terrorismo o rebelión que luego fueron absueltos.
“Con esta decisión de la Sala de Reconocimiento honramos su lucha incansable durante todos estos años por la verdad y la justicia”, afirmó Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, dirigiéndose a las víctimas. Por su parte, la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento y relatora del Subcaso Magdalena Medio, señaló que “la presencia guerrillera en la región no anulaba la autonomía de esos movimientos sociales, aunque la alianza contrainsurgente los trató como extensiones de la insurgencia”. La investigación se sustentó en 35 versiones de comparecientes, 10 declaraciones juradas de testigos, 60 informes y observaciones de 72 voceros de víctimas, y la revisión de 33 sentencias de Justicia y Paz.
La JEP anunció que convocará a Ecopetrol y a las víctimas a un diálogo para avanzar en verdad y en una ruta restaurativa, aunque aclaró que no tiene competencia para vincular obligatoriamente a la empresa como tercero civil. Esta es la primera vez que la JEP imputa a un civil vinculado a la seguridad de una compañía petrolera en el Subcaso Magdalena Medio, abriendo un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por los crímenes que marcaron a Barrancabermeja durante aquel periodo de terror.
