En un anuncio que marca un hito para la justicia transicional en Colombia, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, reveló que el próximo 15 de diciembre de 2026 se realizará la última imputación contra los “máximos responsables” de las extintas Farc-EP, cerrando así la etapa de imputaciones en los once macrocasos que tramita el tribunal. La declaración se dio en el marco de un foro sobre los diez años del Acuerdo de Paz organizado por la Universidad de los Andes, donde el magistrado, quien asumió el cargo el pasado 5 de noviembre para el periodo 2026-2028, detalló que la Sala de Reconocimiento atraviesa su fase final de decisiones y que, con esta última imputación, no habrá más cargos contra los máximos responsables de los crímenes más graves del conflicto armado.
Según explicó Rojas, tras la imputación del 15 de diciembre, los comparecientes deberán decidir si aceptan o rechazan los cargos, lo que definirá el rumbo del proceso judicial. Para quienes reconozcan su responsabilidad, se iniciarán juicios dialógicos que conducirán a sanciones restaurativas, mientras que aquellos que rechacen los cargos enfrentarán juicios adversariales con penas de hasta veinte años de prisión. “El año entrante, entonces, se espera que se hagan los reconocimientos de responsabilidad a los imputados para iniciar los juicios dialógicos hacia las sanciones propias y quienes no reconozcan responsabilidad van a los juicios adversariales. Los imputados deberán decidir si aceptan su responsabilidad”, puntualizó el presidente de la JEP.
Cifras que reflejan la magnitud del proceso
La JEP tiene bajo su jurisdicción a más de 17.000 comparecientes, de los cuales más de 12.000 pertenecen a las antiguas Farc-EP y cerca de 5.500 son miembros de la Fuerza Pública, en su mayoría del Ejército Nacional. Rojas destacó la envergadura de la labor: “Yo creo que juzgar dieciocho mil comparecientes que hay en este momento en la JEP, dieciocho mil comparecientes, más de doce mil miembros de las antiguas Farc y cerca de cinco mil quinientos miembros de la Fuerza Pública, la mayoría del ejército, es una labor importante, no solamente para Colombia, sino para el mundo, que nosotros demos cuenta de un juzgamiento apropiado de los máximos responsables, pero también de un cierre apropiado para quienes no son máximos responsables”.
Uno de los casos más sensibles es el Subcaso 01 del Caso 11, que investiga crímenes de guerra y lesa humanidad contra once excomandantes de las extintas Farc-EP, bajo el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll. En este subcaso, la JEP acreditó a 743 víctimas, de las cuales 272 eran menores de edad en el momento de los hechos. De las víctimas, 573 son mujeres, incluidas 18 mujeres trans, y 81 son hombres, incluidos 6 hombres trans. A partir de 80 informes de organizaciones de víctimas y sociedad civil, y las versiones de 54 exintegrantes de la guerrilla, la Sala imputó crímenes como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento forzado de civiles, además de crímenes de lesa humanidad como persecución, asesinato, tortura y deportación o traslado forzoso de población.
“Un primer resultado que quiero contarles: a diciembre de este año, la sala encargada de avanzar en estos macrocasos habrá hecho la última imputación, presidente. En diciembre de este año se hará la última imputación. No habrá más imputaciones que cobijan los once macrocasos. Se acaban las imputaciones para los máximos responsables”.
Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
El anuncio de Rojas, en un foro conmemorativo de los diez años del Acuerdo de Paz, subraya que la JEP avanza hacia el cierre de la investigación y la definición de responsabilidades, para dar paso a los juicios y las sanciones. La Jurisdicción, que tiene competencia sobre exintegrantes de Farc-EP, miembros de la fuerza pública, terceros civiles y otros agentes del Estado, se prepara para una nueva fase en la que los comparecientes deberán responder ante la justicia, ya sea a través del reconocimiento de responsabilidad o mediante un juicio adversarial, mientras Colombia observa el desenlace de uno de los procesos de justicia transicional más ambiciosos del mundo.
