La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó compulsar copias a la Fiscalía General para que investigue al exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez por su posible responsabilidad en crímenes cometidos por la fuerza pública durante las operaciones Mariscal y Orión, así como por el hallazgo de fosas comunes en el corregimiento de San Cristóbal. La decisión, contenida en un expediente de 1.337 páginas, también incluyó la imputación de cargos contra los generales retirados Mario Montoya y Leonardo Gallego, junto a otros diez integrantes de la fuerza pública, por su presunta participación en violaciones de derechos humanos ocurridas entre 2002 y 2004 en la Comuna 13 de la capital antioqueña.
De acuerdo con el magistrado Gustavo Salazar, correlator del caso, la JEP encontró elementos que ponen en entredicho las declaraciones de Pérez Gutiérrez, quien gobernó Medellín entre 2001 y 2004. “La pregunta que le hicimos al señor alcalde es por qué no hizo nada para frenar el accionar de la tropa cuando el número de civiles era enorme. Muchos de los civiles que entran heridos eran menores de edad y había personas con discapacidad”, señaló Salazar. El tribunal cuestiona que, pese a las denuncias de organizaciones sociales, el entonces mandatario no detuvo las intervenciones militares y, por el contrario, emitió comunicados que calificó como “ofensivos y estigmatizantes” contra quienes reportaban las violaciones de derechos humanos.
Las operaciones militares y las fosas de San Cristóbal
La Operación Mariscal, ejecutada el 21 de mayo de 2002, dejó un saldo de nueve fallecidos, 33 heridos y 37 capturados, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Meses después, entre el 16 y el 23 de octubre del mismo año, se desarrolló la Operación Orión, una intervención militar con apoyo de grupos paramilitares que derivó en homicidios, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos. En julio de 2003, fueron halladas diez fosas comunes en la vereda Bellavista, en San Cristóbal, de las cuales se recuperaron 13 cuerpos: siete fueron identificados, dos están en proceso de identificación y cuatro más, que habían sido inhumados en el Jardín Cementerio Universal entre enero y junio de 2004 —bajo administración municipal—, se encuentran desaparecidos. La JEP determinó que seis de las siete víctimas identificadas eran habitantes de la Comuna 13 que habían sido reportados como desaparecidos después de la Operación Orión.
El exalcalde Pérez Gutiérrez emitió un comunicado el 6 de agosto de 2003 en el que sugería que los cuerpos hallados en las fosas correspondían a “ilegales muertos en combate”, versión que la JEP ha puesto en duda. Además, el tribunal encontró que, bajo su administración, se asignaron 10.455 millones de pesos a Metroseguridad —convertida en empresa industrial y comercial del Estado— y se firmó el Convenio Interadministrativo 015, por 200 millones de pesos del Fondo de Seguridad departamental para recompensas a informantes. De esa suma, se desembolsaron 187,8 millones entre mayo y noviembre de 2002, de los cuales 87 millones fueron destinados a pagos en las comunas 7 y 13 y en San Cristóbal. Entre las transacciones figura una orden de pago por 3 millones de pesos a Euries Arturo Roldán Peláez, paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, fechada el 2 de octubre de 2002.
“No, yo no fui informado. Y creo que cuando van a ejecutar un contrato, el director no tiene que informar a nadie”, declaró Luis Pérez Gutiérrez ante la JEP, al ser preguntado sobre los pagos de recompensas.
Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín
Sin embargo, el testimonio del general retirado Leonardo Gallego, compareciente en el caso, contradice esa versión: “Sí señor magistrado, que yo recuerde, el señor alcalde tuvo conocimiento. Él mismo requirió intervención allá en la comuna… también eso influyó en el requerimiento de él por su parte a las autoridades… de hacer intervenciones allá”. Asimismo, el compareciente Juan Armando Cadena afirmó que Pérez y su secretario de Seguridad participaron directamente en la planeación de la Operación Orión. El magistrado Gustavo Salazar explicó que “el entonces alcalde estaba plenamente informado de lo que estaba sucediendo. Él manifestó que no conocía detalles de las operaciones o que era informado a posteriori. Nosotros encontramos que eso se pone en duda porque hubo reuniones y varios comparecientes dijeron que él había sido informado”.
Estigmatización y omisión
La administración de Pérez calificó de “extraña e incomprensible” la actitud de las organizaciones sociales que denunciaban violaciones de derechos humanos tras la Operación Mariscal, y el propio alcalde pidió “una acción contundente para salirle al paso a esos informes mentirosos y amañados” sobre el control paramilitar en la ciudad. La JEP consideró esas declaraciones como ofensivas y estigmatizantes, y señaló que contribuyeron a crear un clima de justificación de las acciones de la fuerza pública. Ahora, la Fiscalía deberá investigar la posible vinculación de Pérez Gutiérrez con estos hechos, mientras los militares imputados enfrentan el proceso ante la justicia transicional. El caso deja al descubierto las complejas relaciones entre el poder civil y militar durante uno de los periodos más sangrientos del conflicto armado en Medellín.
