El excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, aceptó su responsabilidad en 22 hechos delictivos que dejaron un saldo de 145 víctimas en el departamento del Cesar, dentro de un trámite de sentencia anticipada que se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, el anterior sistema penal colombiano. La admisión de cargos fue realizada ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, y será un juzgado especializado el que reciba formalmente la aceptación y defina la pena correspondiente. Los crímenes reconocidos por Tovar Pupo ocurrieron entre 1999 y 2005 en municipios como Valledupar, San Diego y Curumaní, y hacen parte de un patrón sistemático de amenazas, torturas, homicidios y desplazamientos contra personas que se oponían a la presencia de las AUC en la región, según informó el ente acusador.
Entre los hechos más graves que pesan sobre alias Jorge 40 se destacan la masacre de 20 personas en las incursiones ocurridas en Lamas Verdes, Curumaní, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, así como el asesinato de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad. También figuran los homicidios de cinco habitantes del corregimiento La Meza, en Valledupar, ocurridos el 11 de diciembre de 1999; seis asesinatos en el corregimiento Los Tupes, en San Diego, el 30 de mayo de 2001; y nueve muertes durante los ataques a los barrios Bello Horizonte y Divino Niño de Valledupar, el 13 de enero de 2001. Además, se le vincula como coautor y determinador de las masacres de Nueva Venecia, ocurrida en 2000, y de Bahía Portete, en 2004. La Fiscalía documentó que estos crímenes no solo implicaron la pérdida de vidas humanas, sino que también afectaron gravemente los territorios, las prácticas culturales y la espiritualidad de las comunidades indígenas, además de la destrucción de viviendas y bienes de la población civil.
Un historial de violencia y alianzas políticas
Rodrigo Tovar Pupo, nacido en Valledupar en el seno de una familia acomodada y quien antes de vincularse a las AUC a mediados de la década de 1990 se desempeñó como funcionario público y ganadero, se desmovilizó formalmente en marzo de 2006. Sin embargo, dos años después, en 2008, fue extraditado a Estados Unidos para responder por delitos de narcotráfico, país donde cumplió más de 12 años de prisión. A su regreso a Colombia, en septiembre de 2020, la justicia ordinaria reactivó más de 1.400 investigaciones en su contra. Antes de la extradición, Tovar había sido incorporado al proceso de Justicia y Paz, pero en 2015 fue expulsado de dicho mecanismo por no colaborar de manera efectiva con el esclarecimiento de la verdad. Actualmente, su permanencia en la Jurisdicción Especial para la Paz, donde figura como tercero colaborador de la fuerza pública, está siendo evaluada a la luz de sus posibles aportes a la verdad.
Los delitos que alias Jorge 40 aceptó en este trámite de sentencia anticipada incluyen homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. La magnitud de los crímenes que se le imputan quedó en evidencia con el hallazgo de su computador portátil, incautado en 2006, cuyo contenido reveló las alianzas entre paramilitares y políticos que dieron lugar a los denominados acuerdos de Chivolo y Ralito. Esa información llevó a que más de 60 congresistas fueran condenados por sus vínculos con grupos paramilitares. En uno de los episodios más recordados de su historial criminal, cerca de 450 paramilitares participaron en la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, donde fueron asesinadas 60 personas.
«Harían parte de un patrón de amenazas, torturas, homicidios y desplazamientos contra personas que se oponían a la presencia de las AUC en la región»
Fiscalía General de la Nación
La aceptación de cargos por parte de Jorge 40 representa un nuevo capítulo en el largo proceso de judicialización de uno de los máximos responsables del conflicto armado en la región Caribe. Su Bloque Norte controló durante años no solo el territorio sino también la economía y la sociedad en vastas zonas del Cesar y otros departamentos. Ahora, con esta sentencia anticipada, se espera que la justicia pueda avanzar en la determinación de una pena que, aunque limitada por los márgenes de la Ley 600, busca reparar en algo el dolor de las 145 víctimas reconocidas en este proceso. La Fiscalía continúa adelantando las más de 1.400 investigaciones activas que enfrenta Tovar Pupo desde su retorno al país, en un esfuerzo por cerrar las heridas que dejó su accionar criminal durante los años más cruentos del paramilitarismo en Colombia.
