Un juez de Barrancabermeja ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Pacto Histórico por una deuda de 450 millones de pesos que la colectividad mantiene con la empresaria santandereana Bibiana Pérez, quien prestó ese dinero el 18 de mayo de 2022 para la campaña presidencial de Gustavo Petro. La orden judicial, que recae sobre los dineros depositados en la Cooperativa Confiar, se conoció después de que el propio Petro asumiera como líder político del Pacto Histórico por unanimidad en una reunión interna, y genera un nuevo flanco jurídico para la organización política y para el otorgante del crédito, Ricardo Roa, quien fungió como gerente de la campaña y actualmente enfrenta múltiples procesos legales.
El proceso judicial lo inició Bibiana Pérez, empresaria de Santander, cuatro años después de haber entregado el préstamo, cuyo destino, según los registros de campaña, fue la primera vuelta presidencial de 2022, ocurrida apenas once días después del desembolso. El juzgado, cuyo titular no fue identificado, no solo ordenó el embargo de las cuentas del Pacto Histórico en Confiar, sino que previamente ya había decretado el embargo del salario de Ricardo Roa y el secuestro de siete inmuebles a su nombre, todo dentro del mismo expediente. La demanda originalmente estaba dirigida contra Colombia Humana, pero al producirse la fusión con el Pacto Histórico, esta última colectividad asumió las responsabilidades como sucesor jurídico, convirtiéndose en el principal obligado junto con Roa.
La deuda que persigue a la campaña del Pacto Histórico
El préstamo de 450 millones de pesos se suma a los múltiples frentes legales que acorralan a Ricardo Roa, quien además fue imputado por la Fiscalía por presunta violación de los topes de gastos electorales en las elecciones de 2022. Según el ente acusador, la campaña de Gustavo Petro excedió los topes en 1.664 millones de pesos, de los cuales 1.388 millones corresponden a la primera vuelta y 276 millones a la segunda. Pese a las pruebas presentadas, Roa no aceptó los cargos, se declaró inocente y defendió la rigurosidad del manejo financiero de la campaña, asegurando que todas las operaciones se realizaron dentro del marco legal.
El proceso penal contra Roa, que no tiene relación directa con el embargo de las cuentas, está programado para una audiencia de acusación el próximo 30 de octubre de 2026 ante el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, donde se definirá si el exgerente de campaña y expresidente de Ecopetrol pasa a juicio. En paralelo, la Fiscalía también adelanta una investigación separada por un presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá y sus posibles vínculos con contratos de la petrolera estatal, asunto que no está vinculado a la campaña de 2022.
Mientras tanto, la sanción administrativa impuesta por el Consejo Nacional Electoral tiene un alcance diferente al proceso penal, pues incluyó hallazgos por financiación prohibida y omisiones en el reporte de ingresos y gastos. La Fiscalía, por su parte, delimitó su investigación a los hechos que podrían configurar un delito, diferenciándose de las infracciones electorales administrativas ya sancionadas. Roa conserva su presunción de inocencia al no existir sentencia penal en su contra, pero la orden de embargo de las cuentas del Pacto Histórico se convierte en un golpe concreto a las finanzas de la organización en un momento de alta exposición jurídica para sus principales figuras.
