Un juez penal con función de control de garantías ordenó suspender el poder dispositivo sobre el predio avaluado en más de $70.000 millones destinado a la construcción del Hospital de Engativá, en Bogotá. La decisión fue solicitada por la Secretaría Jurídica Distrital, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Norte, entidades que han venido adelantando actuaciones para proteger el inmueble de maniobras irregulares que pretendían desconocer el derecho del Distrito.
La medida cautelar, adoptada en el marco de un proceso penal, impide temporalmente que el predio sea vendido, transferido o gravado mientras se esclarece su situación legal. Según la información conocida, una persona habría intentado apropiarse del terreno mediante maniobras fraudulentas, y posteriormente sus herederos habrían tratado de realizar sucesivas operaciones de compraventa sobre el mismo, lo que motivó la intervención de las autoridades distritales para frenar estas transacciones.
Una disputa que frena el proyecto hospitalario
La suspensión del poder dispositivo no resuelve de fondo la controversia sobre la titularidad del inmueble, pero representa un paso clave para blindar el patrimonio público mientras se adelantan las investigaciones correspondientes. El Distrito busca con esta acción dos objetivos concretos: cancelar el registro presuntamente fraudulento y promover actuaciones penales contra los responsables. La Secretaría Jurídica Distrital asumió el poder preferente para representar jurídicamente a la Subred Norte y coordinar la defensa del predio, en línea con la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán de proteger los bienes de la ciudad.
El proyecto del Hospital de Engativá es una obra prioritaria para fortalecer la infraestructura de salud en esa localidad y en otros sectores de Bogotá. Sin embargo, la decisión judicial no establece una fecha para el inicio de las obras, que seguirán a la espera de que se resuelvan las disputas legales en torno al terreno. Mientras tanto, la medida cautelar garantiza que el predio permanezca bajo control de las entidades distritales y no sea objeto de nuevas operaciones que compliquen aún más su recuperación.
