En una decisión que ha generado gran controversia, una jueza del municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, ordenó la prisión preventiva de Luis Carlos Vélez Romero, conocido con los alias de “El Mono”, “Dorian” o “D”, quien se desempeñaba como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro. La medida fue adoptada tras imputársele los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, luego de que la Fiscalía lo señalara como jefe operativo y financiero de una red criminal vinculada al Comando de la Frontera. La captura se realizó el viernes 24 de julio de 2026 en una vivienda del municipio de Chía, Cundinamarca, y las audiencias preliminares se llevaron a cabo en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Silvia, que finalmente decidió enviarlo a un centro penitenciario, negando la solicitud de su defensa de que cumpliera la reclusión en un resguardo indígena Inga en el Cauca.
La investigación, adelantada por la fiscal Magda Antury, logró establecer que Vélez Romero coordinaba el transporte de cocaína y marihuana utilizando camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según el material probatorio recopilado, la red habría movilizado más de tres toneladas de droga en más de diez eventos en los que el hoy detenido habría sido el actor principal. El testigo estrella del caso, Manuel Castañeda Bernal, alias “narcochofer”, declaró que Vélez era el encargado de hacer los pagos y mantener la comunicación con los transportadores. “El mayor relacionista, el encargado o delegado por alias JJ, que está prófugo de la justicia. Era el delegado por él para los pagos de la droga que yo transportaba en vehículos de la UNP a nivel nacional. Y era con quien yo mantenía en constante comunicación. No es una cosa que yo me esté inventando o solo se esté basando en testimonios. Esto se basa en pruebas técnicas que tiene la fiscalía como tal”, afirmó Castañeda durante las audiencias.
El entramado criminal y el uso de vehículos oficiales
De acuerdo con el testimonio del “narcochofer”, la red operaba con altos niveles de sofisticación. Los vehículos de la UNP ingresaban a campamentos donde se recogía la droga, y para sortear los controles en ciertos territorios se utilizaban contraseñas específicas. “Cuando entrábamos a los campamentos a donde tocaba a veces recoger la droga, porque se entraba en los vehículos de la UNP y para poder salir de ciertos territorios tocaba identificarse o decir de parte de quién iba uno. Y la indicación, la instrucción de JJ específicamente era decir que era de parte de alias Araña”, relató Castañeda, refiriéndose a Jhon Jairo Giraldo Portilla, alias JJ, quien se encuentra prófugo y sería pariente de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla del Comando de la Frontera. La Fiscalía incluso ha señalado que alias JJ se habría sometido a cirugías plásticas para evadir a las autoridades.
La defensa de Vélez Romero, encabezada por el abogado Jefferson Torres, cuestionó la credibilidad del testigo principal, a quien calificó como “proclive a mentir”. Torres también reveló que Castañeda acumula más de 30 denuncias por estafa en su contra, y señaló que una de las declaraciones del testigo no cuenta con la firma de la fiscal del caso. Además, el abogado argumentó que otros testimonios provienen de la esposa y un primo de Castañeda, quienes también están procesados por narcotráfico. Torres solicitó que su representado cumpliera la detención en un resguardo indígena, al estar casado con una mujer de la comunidad Inga y ser padre cabeza de familia, pero la jueza negó la petición.
“Es proclive a mentir”
Jefferson Torres, abogado defensor de Luis Carlos Vélez Romero
El caso ha reabierto el debate sobre los controles en la designación de gestores de paz por parte del Gobierno Nacional. La fiscal Magda Antury cuestionó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por la documentación insuficiente presentada para nombrar a Vélez y a Jhon Jairo Giraldo Portilla en esos cargos. La defensa ya anunció que apelará la decisión de la jueza, mientras la Fiscalía continúa la búsqueda de alias JJ y profundiza la investigación sobre una red que habría utilizado la misma estructura de protección oficial para traficar estupefacientes a nivel nacional. El caso deja en evidencia una vez más los riesgos de infiltración del narcotráfico en instancias clave del Estado.
