Promotores del Referendo por la Estabilidad Constitucional, junto a un grupo de juristas, presentaron una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación para que adopten medidas urgentes que blinden el escrutinio de la primera vuelta presidencial y garanticen que la segunda vuelta se realice el próximo 21 de junio, según el calendario constitucional. La petición surge a raíz de las reiteradas denuncias sin pruebas del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude electoral, manipulación del software de escrutinio y la existencia de un censo paralelo de casi un millón de ciudadanos, afirmaciones que los firmantes consideran que pueden derivar en impugnaciones masivas y retrasar la certificación oficial de los resultados.
La carta, firmada por Mauricio Pava Lugo y Sergio Bueno Aguirre, del Comité Promotor del Referendo, así como por los juristas Ramiro Bejarano Guzmán, exdirector del DAS; José Fernando Reyes Cuartas, expresidente de la Corte Constitucional; y Luis Guillermo Vélez Cabrera, extitular de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, fue enviada a menos de 24 horas de celebrada la primera vuelta electoral del 31 de mayo. En ella se recopilan las afirmaciones hechas por el mandatario, quien manifestó desconfianza en el software, aseguró que sus algoritmos fueron modificados y anunció la impugnación de todas las mesas de votación. Los solicitantes piden la convocatoria de una Mesa de Garantías Electorales que permita salvaguardar la transparencia del proceso y la estabilidad democrática.
Las denuncias sin pruebas que ponen en riesgo el calendario electoral
De acuerdo con el artículo 190 de la Constitución, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en primera vuelta, la segunda debe realizarse exactamente tres semanas después, es decir, el 21 de junio. En este escenario, el ganador de la primera vuelta fue el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, mientras que el oficialista Iván Cepeda Castro ocupó el segundo lugar. Sin embargo, las acusaciones presidenciales, que carecen de respaldo probatorio, amenazan con entorpecer el cronograma electoral. Los firmantes recuerdan que el movimiento político del hoy presidente ya promovió impugnaciones masivas en 2018, cuando el CNE declaró los resultados el 8 de junio, apenas días antes del límite para el envío de material al exterior.
La Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, en su informe final para las elecciones de 2018, advirtió sobre la ausencia de plazos claros para las reclamaciones ante el CNE, una vulnerabilidad que podría ser utilizada para trabar la certificación. A esto se suma que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una decisión del 10 de abril de 2026, ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar sus afirmaciones sobre fraude electoral y abstenerse de repetir acusaciones sin sustento, después de concluir que nunca se probó la existencia de fraude ni fallas de seguridad en el software.
«Las elecciones terminan en las urnas, pero la democracia no termina el día de las votaciones. La democracia también exige que los resultados se consoliden dentro de los tiempos constitucionales y que las instituciones puedan cumplir su función sin presiones, amenazas o cuestionamientos sin sustento probatorio», afirmó Mauricio Pava Lugo, promotor del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional.
En la carta dirigida al CNE y a la Procuraduría, los firmantes subrayan que «la Constitución de 1991 es la regla común que permite la competencia democrática entre quienes piensan distinto. Cuando se debilita la confianza en las instituciones electorales, se debilita la democracia misma. Por eso hoy hacemos un llamado a todas las autoridades para que protejan el escrutinio, la transparencia electoral y el cumplimiento estricto de los tiempos constitucionales». La solicitud incluye además que el CNE informe cuál es el protocolo vigente para el escrutinio, precise si habilitará días hábiles y no hábiles para sesionar, y adopte medidas para que la declaratoria oficial se produzca dentro del plazo constitucional. También reclaman garantizar la llegada del material electoral a las misiones consulares en el exterior.
La situación es seguida de cerca por la Unión Europea, así como por el gobierno y el Congreso de Estados Unidos, organismos que han manifestado su preocupación por el clima de incertidumbre que generan las acusaciones sin fundamento del presidente Petro. Mientras tanto, los promotores del referendo y los juristas insisten en que la democracia colombiana no puede permitirse un nuevo episodio de deslegitimación del proceso electoral, y confían en que las autoridades actúen con celeridad para blindar los resultados y garantizar la alternancia pacífica del poder.
