En una dura crítica publicada a través de su cuenta en la red social X, la representante a la Cámara Catherine «Cathy» Juvinao, figura de la oposición, arremetió contra el Gobierno de Gustavo Petro por la situación que enfrenta el Páramo de Santurbán. La congresista aseguró que la falta de control estatal permitió que la minería ilegal y organizaciones criminales se apoderaran del ecosistema estratégico, poniendo en riesgo el agua de más de dos millones de personas en los departamentos de Santander y Norte de Santander.
La denuncia se produce en el marco de la transición política tras las elecciones presidenciales y a pocos meses de que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia el próximo 7 de agosto de 2026. Juvinao advirtió que el gobierno saliente intentará culpar a la administración entrante por el deterioro del páramo. «Qué tristeza lo del Páramo de Santurbán. Tanto discurso oficial, tanta promesa, tanta ‘narrativa’ para que al final en el gobierno de izquierda se comieran el páramo los ilegales», escribió la representante. En otro trino, sentenció: «Ahora vendrán 4 años en donde reclamarán a otros todo lo que ellos no hicieron. Incompetentes».
Juvinao, quien inicialmente apoyó algunas propuestas del Gobierno pero luego se consolidó como una de sus más firmes opositoras en el Congreso, señaló que los históricos retrasos en la delimitación territorial del páramo y la ausencia de control facilitaron la apertura de bocaminas ilícitas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta actividad ha ocasionado la destrucción de la vegetación nativa de frailejones y ha contaminado las fuentes hídricas. Según reportes de la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, los niveles de mercurio en las cuencas de la zona superan hasta 40 veces los límites máximos permitidos para consumo humano, una situación calificada de alarmante.
Retrasos y advertencias ignoradas
El proceso de delimitación del Páramo de Santurbán acumula retrasos significativos. El Ministerio de Ambiente, que estuvo bajo la dirección de la ministra Irene Vélez, aplazó en varias ocasiones las mesas de concertación técnica en municipios de Santander, argumentando factores climáticos adversos. Mientras tanto, organizaciones ambientalistas y medios regionales han expuesto registros fotográficos que evidencian el avance de bocaminas ilegales y la progresiva destrucción de los frailejones, especies clave para la regulación hídrica del ecosistema.
El Gobierno nacional ha mantenido restricciones a la gran minería multinacional mediante la figura de Zonas de Reserva Temporal. Sin embargo, las organizaciones ecologistas denuncian que diversas empresas han buscado resquicios legales para obtener licencias de mediana minería, lo que sumado a la inacción frente a la minería ilegal ha generado un escenario crítico para el páramo. Con la transición de poder en marcha, la advertencia de Juvinao resuena como un llamado de atención sobre una crisis ambiental que, según la congresista, requerirá acciones urgentes de la próxima administración. La defensa del agua para millones de personas en la región, al parecer, se ha convertido en una de las cuentas por cobrar más apremiantes en el debate político nacional.
