El Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá ha programado para el 20 de agosto de 2026, a las 12:00 del mediodía, la diligencia en la que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, deberá comparecer por el delito de tráfico de influencias. La citación, que se llevará a cabo en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, está vinculada a la presunta obtención de un beneficio económico de 927 millones de pesos en la compra de un apartamento ubicado en el exclusivo sector del Chicó, en el norte de Bogotá. El caso, que ha sacudido los círculos políticos y empresariales del país, tiene como antecedente una imputación de cargos realizada el pasado 11 de marzo de 2026 por parte de la Fiscalía 45 especializada contra la corrupción.
Según la investigación liderada por el ente acusador, Roa Barragán, quien también se desempeñó como gerente de la campaña Petro Presidente 2022, habría adquirido el apartamento 902 por un valor de 1.800 millones de pesos, una cifra significativamente inferior a su valor comercial estimado en 2.727 millones de pesos. Esa diferencia de 927 millones de pesos, que representa un 34% menos del precio de mercado, es el núcleo de la acusación. La Fiscalía sostiene que Roa habría pagado ese precio reducido a cambio de realizar gestiones para favorecer al expolicía Juan Guillermo Mancera, dueño de la empresa GAXI ESP S.A.S., en la obtención de un contrato dentro del proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, en el Caribe colombiano.
Las presiones sobre directivos de Hocol
De acuerdo con el escrito de acusación, las presiones ocurrieron entre agosto y octubre de 2024. La Fiscalía detalla que el 20 de agosto de ese año, durante un almuerzo en un restaurante de la zona de Chapinero, en Bogotá, Roa se reunió con el presidente de Hocol, empresa del sector hidrocarburos, y le habría manifestado su intención de que el proyecto de regasificación fuera asignado a la compañía de Mancera. Casi un mes después, en la propia sede de Ecopetrol, Roa reiteró lo conversado en ese encuentro, y la insistencia se prolongó hasta una sesión de la junta directiva, cuando, al finalizar, el presidente de la petrolera estatal le pidió a Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, quedarse a solas para impartirle la orden directa de adjudicar el contrato a GAXI ESP S.A.S. La Fiscalía, en la audiencia de imputación del 11 de marzo de 2026, fue contundente al afirmar que «Ricardo Roa instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa GAXI ESP S.A.S. de propiedad de Juan Guillermo Mancera». Un testimonio clave en este proceso es el del propio Luis Enrique Rojas, quien declaró que la defensa de Roa habría utilizado información interna de Ecopetrol y Hocol sin la autorización oficial correspondiente.
«Le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera»
Fiscalía, sobre reunión del 20 de agosto de 2024 en restaurante de Chapinero con presidente de Hocol
Las finanzas de la campaña y un segundo proceso
Mientras la defensa de Roa sostiene que la compra del apartamento se realizó de forma completamente legal, con recursos propios y créditos bancarios, el panorama judicial para el presidente de Ecopetrol se torna más complejo. Este es apenas el primero de dos procesos penales que enfrenta. El segundo, que aún está en curso, está relacionado con una presunta violación de los topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Documentos bancarios y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) revelan movimientos por 58.323 millones de pesos en las cuentas personales de Roa, una cifra que supera en más de 7.000 millones de pesos lo que fue reportado oficialmente a las autoridades electorales. Los gastos reportados por la campaña ascienden a 50.340 millones de pesos, distribuidos entre 8.757 millones para la consulta interpartidista y 41.583 millones para la campaña presidencial. Mientras el país espera la diligencia del 20 de agosto de 2026, Roa continúa residiendo en el apartamento 902 del Chicó, el mismo inmueble que es el epicentro de la investigación por tráfico de influencias.
