El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó la suspensión provisional del proceso de selección de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), un contrato que supera los 78.000 millones de pesos, tras la presentación de seis tutelas que cuestionan la legalidad de la convocatoria. La medida cautelar exige a la UNP notificar a todas las uniones temporales vinculadas y publicar el auto que formaliza la detención del proceso, el cual permanecerá paralizado hasta que se resuelva de fondo sobre las acciones constitucionales. La decisión judicial afecta directamente la contratación de escoltas para las Zonas 1 y 2 a nivel nacional, mientras que las Zonas 3 a 10 quedaron por fuera del alcance modificado por la entidad.
Según los argumentos expuestos en las tutelas, la UNP modificó de manera injustificada el alcance del proceso de selección abreviada PSA-UNP-054-2026, que inicialmente cubría hasta la Zona 10, para limitarlo únicamente a las Zonas 1 y 2. Esta decisión administrativa se tomó a pesar de que todas las zonas se encuentran en condiciones técnicas y jurídicas equivalentes, según indicaron los tutelantes. El juzgado, al analizar la solicitud de medida cautelar, advirtió que la modificación «genera una amenaza cierta e inminente sobre su estabilidad laboral, pues mientras los escoltas de otras zonas mantienen su continuidad mediante mecanismos diferentes, los de las Zonas 1 y 2 quedan expuestos al riesgo de perder su empleo por la adjudicación del contrato a un nuevo operador, desconociendo el principio de confianza legítima e imponiendo un trato discriminatorio que afecta su sustento familiar y mínimo vital».
Incertidumbre laboral y transición gubernamental
La suspensión del proceso se da en un contexto de transición gubernamental, pues el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. De la Espriella, quien ha manifestado su preocupación por la adjudicación de contratos sensibles en los últimos meses del actual gobierno, pidió intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación para revisar la contratación de la UNP. Instruyó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, para que solicite formalmente vigilancia preventiva del órgano de control en estos trámites, con el objetivo de asegurar que la contratación responda a criterios objetivos y no afecte la seguridad de la futura administración.
«De manera injustificada, modificó el alcance de dicho proceso para que cubriera únicamente las Zonas 1 y 2, excluyendo las Zonas 3 a 10 a pesar de que todas se encuentran en condiciones técnicas y jurídicas equivalentes».
Escolta, autor de una de las tutelas (anónimo)
La Procuraduría, encabezada por el procurador Gregorio Eljach Pacheco, deberá pronunciarse sobre la solicitud de vigilancia preventiva, mientras que la UNP tendrá que responder ante las autoridades judiciales y esperar la decisión de fondo sobre las seis tutelas. El proceso suspendido implicaba la provisión de más de 5.000 cargos de escoltas, una cifra que refleja la magnitud del contrato y la incertidumbre que genera entre los trabajadores que aspiran a formalizar su vínculo laboral. La decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira deja en pausa una contratación valorada en más de 78.000 millones de pesos, mientras se resuelve si la modificación del alcance vulneró derechos laborales fundamentales.
