El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí suspendió temporalmente, el pasado viernes 3 de julio de 2026, la auditoría que la Superintendencia Nacional de Salud adelantaba contra la Fábrica de Licores de Antioquia. La medida cautelar fue otorgada dentro de una acción de tutela presentada por la propia FLA, al considerar que existía un “riesgo cierto e inminente” de afectación a sus derechos fundamentales. El juez ordenó la suspensión de la inspección hasta que se profiera un fallo de fondo sobre el caso.
El conflicto se originó cuando funcionarios de la Supersalud se presentaron en las instalaciones de la licorera para auditar los recursos del monopolio rentístico de licores que financian el sistema de salud. La FLA entregó parte de la información solicitada, pero se negó a suministrar otros documentos, entre ellos soportes financieros, información bancaria y conciliaciones jurídicas, argumentando que se trataba de documentación protegida por reserva industrial, comercial y financiera, y que su requerimiento excedía el objeto de la inspección sobre rentas de salud. La Superintendencia calificó la negativa como un “bloqueo extraordinario y nunca antes visto”, y anunció denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
Decisión judicial y respaldo institucional
En su fallo cautelar, el juez consideró necesario preservar la eficacia de la futura decisión constitucional, evitando que se generaran perjuicios durante el trámite de la tutela. La suspensión es de carácter provisional y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la auditoría. Por su parte, la Gobernación de Antioquia respaldó la postura de la Fábrica de Licores, señalando que la auditoría excedía las atribuciones legales de la Supersalud. El gerente de la FLA, Esteban Ramos, y el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, son las cabezas visibles del enfrentamiento, que ahora queda en manos de la justicia constitucional.
