Una investigación del portal La Silla Vacía ha puesto en el centro del debate público a Joaquín Gutiérrez, actual jefe de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, al revelar sus vínculos con un entramado empresarial en los sectores de la salud y la construcción que incluye una clínica privada receptora de recursos públicos y varias compañías con demandas laborales vigentes. Gutiérrez, administrador de empresas y especialista en gerencia de salud, con un pasado como asesor en la Fiscalía durante la administración de Mario Iguarán y exsubgerente en la firma De La Espriella Lawyers, desempeña hoy un rol central en la aspiración presidencial de De la Espriella: coordina agenda, eventos y relacionamientos políticos, y fue designado compromisario para explorar un eventual debate electoral con la campaña de Iván Cepeda.
Las empresas bajo la lupa son la Desarrolladora Salguero S.A.S., creada en 2019 con un patrimonio de 447 millones de pesos representados en un apartamento y un lote en Santa Marta, y el Centro Hospitalario Regional Santa Mónica, una clínica privada en Barranquilla fundada en 2017 que recibe pagos del sistema de salud por atender afiliados de EPS del régimen subsidiado y por SOAT. Precisamente en mayo de 2025, la clínica recibió aproximadamente 2.500 millones de pesos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por servicios prestados a pacientes de Cajacopi, hoy Proteger. La investigación detectó además que los enlaces a los estados financieros de Santa Mónica en su página web estaban deshabilitados, lo que dificulta la trazabilidad de esos dineros.
Un proyecto inmobiliario como fuente de financiación
El caso cobra relevancia porque el propio Abelardo de la Espriella anunció en septiembre de 2024 que la financiación de su campaña correría por cuenta de la venta del proyecto inmobiliario “De la Espriella Collection”, un conjunto de 52 apartasuites valorados cada uno en aproximadamente 1.000 millones de pesos. El candidato aseguró en febrero de 2025 que la totalidad del proyecto ya había sido vendida, y reportó un aporte personal a su campaña de 1.542 millones de pesos para la recolección de firmas. La Desarrolladora Salguero, vinculada directamente al proyecto y de la cual Gutiérrez tiene control, participa también en otros desarrollos urbanísticos en Santa Marta junto a las firmas Connecta y Qure.
La estructura accionaria de la clínica Santa Mónica revela una intrincada red societaria: un acta de asamblea extraordinaria del 1 de febrero de 2025 registra que Jossan Medical Services S.A.S. y Desarrolladora Salguero S.A.S. poseen cada una 4.000 acciones, equivalentes al 50% del capital social. Jossan Medical Services, otra empresa vinculada a Gutiérrez, reportó en sus estados financieros de 2021 cuentas por cobrar por 212,4 millones de pesos a otras firmas del grupo, como Cirugías Ambulatorias y Estéticas (6,1 millones), Clínica Los Ángeles (72,9 millones) y Amritzar (133,4 millones). Al mismo tiempo, Jossan Medical registró deudas por 40,2 millones con Desarrolladora Salguero, 64,3 millones con Jossan Medical Colombia y 26,2 millones con J.V. Ambulancias, además de obligaciones con accionistas a nombre de Joaquín Gutiérrez por 765,5 millones y otra cuenta por pagar a cooperativas por 324,1 millones.
Demandas laborales y embargos cruzados
La red de empresas no solo opera con deudas cruzadas, sino que varias enfrentan procesos judiciales por incumplimientos laborales. Amritzar, con presencia en Santa Marta y Montería, acumula más de una docena de demandas civiles por salarios y prestaciones sociales, y aunque en 2023 suscribió un acuerdo de pago con los trabajadores con acompañamiento del Ministerio del Trabajo, posteriormente algunos exempleados solicitaron embargos judiciales. El Centro Hospitalario Santa Mónica, por su parte, fue embargado recientemente por una deuda con un proveedor de laboratorios médicos, mientras que otras firmas como Cirugías Ambulatorias y Estéticas y Clínica Los Ángeles mantienen cuentas por cobrar y obligaciones cruzadas que sugieren una operación interdependiente. La investigación de La Silla Vacía pone así en evidencia que el jefe de campaña de un candidato presidencial está al frente de un conglomerado empresarial que recibe millonarios recursos públicos mientras enfrenta múltiples demandas, en medio de un proceso electoral que ya levanta interrogantes sobre el origen y manejo de los fondos de campaña.
