El movimiento político M-19, que tiene sus orígenes en la guerrilla desmovilizada y del cual también hace parte el presidente Gustavo Petro, lanzó duras críticas contra el mandatario a través de su cuenta en la red social X (@MOV_AbrilM19) tras conocerse que Petro reprendió a cinco congresistas del Pacto Histórico que apoyaron el traslado de un expediente judicial contra el expresidente Álvaro Uribe a la Comisión de Acusaciones. La polémica se desató el domingo 30 de marzo de 2025, cuando el presidente responsabilizó a los legisladores de haberse «dormido» durante una votación clave, mientras que el M-19 le reprochó mantener una estructura de liderazgo obsoleta y piramidal que excluye a las bases del movimiento.
La votación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes giró en torno a una proposición que solicitaba a la Fiscalía General de la Nación trasladar el expediente contra Álvaro Uribe, investigado por su presunta responsabilidad en las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas entre 1996 y 1997, así como en el asesinato del líder humanitario Jesús María Valle en 1998, hechos que se remontan a la época en que Uribe era gobernador de Antioquia. Los cinco congresistas del Pacto Histórico que votaron a favor del traslado fueron Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra, quienes argumentaron que la discusión era estrictamente sobre competencia procesal, dado el fuero presidencial que cobija a Uribe. Sin embargo, la Fiscalía ya había desestimado la solicitud, señalando que la competencia recae en la entidad y no en el Congreso, y la Corte Constitucional deberá resolver el conflicto de competencias.
Las críticas del M-19
El movimiento M-19 no solo cuestionó la reacción del presidente, sino que también puso en tela de juicio la forma en que se ha conducido el Pacto Histórico. En su mensaje en X, el movimiento señaló que «cuando los congresistas del Pacto Histórico sean líderes y liderazas con trabajo territorial, consigan sus propios votos y no dependan de ser ungidos por usted, nunca se dormirán porque tendrán que responderle al pueblo, no a un líder y estructura piramidal». La crítica apunta directamente a la centralización del poder en la figura de Petro, a quien acusan de excluir a las bases y sectores de izquierda para convertir el proyecto político en una «maquinaria electoral oligárquica».
«Cuando los congresistas del Pacto Histórico sean líderes y liderazas con trabajo territorial, consigan sus propios votos y no dependan de ser ungidos por usted, nunca se dormirán porque tendrán que responderle al pueblo, no a un líder y estructura piramidal»
Movimiento M-19, cuenta de X @MOV_AbrilM19
Por su parte, los cinco congresistas involucrados emitieron un comunicado conjunto en el que negaron cualquier pacto de silencio con Uribe y aclararon que su actuación no busca promover la impunidad ni dilatar el proceso. «No existe acuerdo político alguno y nuestra actuación no busca promover la impunidad ni dilatar el proceso», afirmaron, mientras que el presidente Petro, en su cuenta de X, insistió en que «el Pacto Histórico no se divide. Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo».
Tensiones internas en la izquierda
El cruce de declaraciones evidencia las profundas tensiones que atraviesa la coalición de gobierno. El M-19, que reivindica su origen guerrillero y su posterior conversión en movimiento político, ha sido un aliado histórico de Petro, pero ahora le reclama haber concentrado el poder de decisión y haber marginado a las bases. «Se apropiaron un proyecto político excluyendo a las bases y sectores de izquierda, para terminar convirtiéndolo en una maquinaria electoral oligárquica», agregó el movimiento en su red social. La controversia se da en medio de especulaciones en redes sociales sobre supuestos acuerdos con el expresidente Uribe, versiones que la colectividad ha negado rotundamente. Mientras tanto, la Fiscalía tercera delegada ante la Corte Suprema mantiene la supervisión del caso a la espera de la decisión de la Corte Constitucional, que deberá definir si el expediente debe ser trasladado a la Comisión de Acusaciones o si la investigación continúa en manos de la Fiscalía.
