Una mujer de 23 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue capturada por la Policía Nacional en el barrio La Castellana de Cartagena el pasado 28 de abril de 2026 y enviada a prisión preventiva por explotación sexual de su propia hija menor de edad. La Fiscalía General de la Nación imputó a la madre al menos seis delitos, entre ellos pornografía con menor de 18 años agravada, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual, luego de que se estableciera que, entre mayo y noviembre de 2025, la mujer vendió contenido audiovisual explícito de su hija a un ciudadano estadounidense a cambio de dinero.
Cooperación internacional destapó el caso
El caso surgió a partir de una alerta de la Embajada de Estados Unidos en diciembre de 2025, cuando las autoridades de ese país capturaron en Medellín a un ciudadano estadounidense y hallaron en sus dispositivos electrónicos fotografías y videos de la menor. Gracias a la cooperación judicial entre Colombia y EE.UU., los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) reconstruyeron las conversaciones entre el extranjero y la madre, lo que permitió identificar a la mujer como la responsable de facilitar el material ilícito durante aproximadamente siete meses. La madre residía en Cartagena, mientras que el estadounidense fue capturado en la capital antioqueña.
Durante las audiencias de control de garantías, la acusada negó su responsabilidad en los hechos, pero el juez del caso ordenó su ingreso a un centro penitenciario como medida de aseguramiento. La decisión judicial busca proteger a la víctima menor de edad y garantizar el desarrollo del proceso penal, que continúa bajo reserva judicial. La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas imputaciones contra otros posibles implicados.
Exigencias de justicia y protección
La comunidad de Cartagena y diversos sectores del país han manifestado su repudio ante lo ocurrido y exigen justicia pronta, así como el restablecimiento de los derechos vulnerados de la menor. La Fiscalía y la Policía Nacional, a través de la Dijín, reiteraron su compromiso con la lucha contra la explotación sexual infantil y recordaron que las denuncias pueden realizarse de manera anónima en cualquier unidad judicial. Las autoridades hicieron un llamado a los padres y cuidadores a estar atentos a las señales de abuso y a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los niños y adolescentes.
