Las tiendas Lili Pink continúan operando bajo administración temporal de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego de la intervención de la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos. Desde entonces, los más de 400 locales que la cadena tiene en 59 ciudades de Colombia solo aceptan pagos en efectivo, una medida que ha generado dudas entre expertos sobre la capacidad de controlar los movimientos de dinero en tiempo real y evitar que los supuestos cerebros de la operación ilícita sigan obteniendo dividendos.
La intervención, que se enmarca en un proceso de extinción de dominio, abarcó 405 establecimientos comerciales, 40 inmuebles, vehículos y una sociedad. La SAE designó como administrador a Sebastián Ulchur, quien en un video difundido pidió apoyo ciudadano para mantener abiertas las tiendas. En total, más de 2.000 empleados se ven afectados por la medida, aunque las autoridades han asegurado que se protegerán sus derechos laborales. Se ordenó dejar de usar las cuentas bancarias anteriores, y mientras se instalan nuevos datáfonos en las próximas semanas, las ventas se reciben exclusivamente en efectivo.
Dudas sobre el control del efectivo
Una fuente citada por El Tiempo, que pidió no ser identificada, señaló que “es casi imposible que se tenga control en tiempo real del efectivo que está ingresando a las 400 tiendas y a la Fiscalía llegó información según la cual los cerebros de la megaoperación de contrabando y lavado seguirían recibiendo dividendos”. La declaración pone en entredicho la eficacia de la medida mientras no se habilite un sistema de pagos electrónicos que permita rastrear cada transacción.
Extinción de dominio, no sanción penal
La intervención no constituye una condena anticipada, sino una medida cautelar dentro de un proceso de extinción de dominio. Un juez determinará si existen fundamentos para decomisar definitivamente estos activos. La ley colombiana privilegia la continuidad empresarial bajo administración controlada para evitar el cierre de empresas viables, como ocurrió con Drogas La Rebaja, que siguió funcionando tras ser intervenida por vínculos ilícitos. En ese marco, la SAE busca garantizar la sostenibilidad comercial y proteger a trabajadores, proveedores, acreedores y arrendadores.
Sebastián Ulchur, el administrador designado, ha explicado que se espera instalar datáfonos en las próximas semanas para habilitar los pagos electrónicos. Mientras tanto, la cadena mantiene sus puertas abiertas, pero la polémica sobre la falta de trazabilidad del efectivo sigue siendo el centro de las críticas. La investigación se enfoca en el origen de los recursos, no en la actividad comercial de la empresa, aunque el hecho de que solo se reciba dinero en efectivo genera interrogantes sobre la efectividad del control en una red de 400 tiendas repartidas por todo el país.
