Las 31 capitales de Colombia reportaron riesgo alto o crítico para la continuidad del sistema de salud, según la línea base 2026 del Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud (Itrss), elaborada por Asocapitales y la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (Unips). La consulta, realizada entre el 4 de agosto y el 16 de septiembre de 2026 a las secretarías de Salud de las ciudades, procesó 77 variables sobre aseguramiento, prestación de servicios, salud pública y capacidades de inspección, vigilancia y control, basándose en la percepción institucional de las autoridades sanitarias territoriales. El promedio del índice fue de 71 puntos sobre 100, con una mediana de 74 puntos, lo que refleja un panorama crítico en la mayoría de los territorios evaluados.
Del total de ciudades consultadas, 15 se ubicaron en la banda crítica, con puntajes entre 76,1 y 93 puntos: Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Florencia, Inírida, Medellín, Mitú, Mocoa, Pasto, Popayán, Puerto Carreño, Riohacha, Tunja y Yopal. Las 16 restantes quedaron en la banda alta, con puntajes de 50 a 74 puntos, e incluyen a Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Ibagué, Leticia, Manizales, Montería, Neiva, Pereira, Quibdó, San José del Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Villavicencio. La dimensión con mayor coincidencia entre territorios fue el acceso a servicios, donde 30 de las 31 capitales reportaron riesgo alto o crítico, mientras que 27 señalaron que las barreras de acceso aumentaron significativamente en el último año; ninguna reportó mejoría.
En cuanto al suministro de medicamentos, 23 ciudades reportaron dificultades críticas en el abastecimiento ambulatorio y ocho en el hospitalario. Los medicamentos con mayores problemas fueron los oncológicos, mencionados por 27 ciudades; los cardiovasculares, por 26; y los antidiabéticos e insulina, por 25. Como consecuencia, 30 ciudades identificaron el riesgo de interrupción de tratamientos, 26 la progresión de enfermedades y 18 el aumento de la mortalidad evitable. En el caso de pacientes con enfermedades de alto costo, 27 capitales priorizaron la interrupción de tratamientos como el riesgo más relevante.
Respecto a las causas de suspensiones o cierres de servicios, 23 ciudades señalaron la cartera y el no pago de las EPS, 20 la insuficiencia financiera de las IPS y 16 la terminación de contratos. Además, 30 ciudades reportaron que las redes prestadoras presentan inestabilidad, deterioro o riesgo de colapso. De las 197 EPS que operan en los territorios consultados, 87 se encuentran bajo medidas especiales de vigilancia, intervención o liquidación, con una mediana de proporción por ciudad del 50 %. En cuanto a las capacidades de las EPS, 18 ciudades indicaron que estas se conservan parcialmente, ocho reportaron una pérdida significativa y cuatro una pérdida crítica.
Frente a este panorama, 30 de las capitales solicitaron al Gobierno nacional garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo, así como apoyar el saneamiento de las deudas entre EPS e IPS. Veintitrés ciudades pidieron la intervención o reorganización de las EPS en riesgo, y 22 el fortalecimiento de las capacidades territoriales de inspección y control. El informe, que constituye la primera medición del Itrss y por tanto no permite comparaciones con años anteriores, aclara que los resultados no son una evaluación de gestión ni una medición regulatoria, sino una línea base de percepción institucional. Como propuestas, plantea la creación de una mesa técnica permanente entre el Gobierno nacional y las capitales, y un sistema estandarizado para reportar la continuidad de los servicios y las suspensiones.
