Una ciudadana venezolana, sobre quien pesaba una orden de expulsión emitida en 2024 en Valledupar, fue detectada por el sistema de alertas de Migración Colombia en el momento en que intentaba ingresar a un centro de salud en territorio colombiano para realizarse un procedimiento médico. Activado de inmediato el protocolo, los oficiales del Centro Facilitador de Servicios Migratorios y del Puesto de Control Migratorio de Paraguachón verificaron los datos de la mujer, confirmaron la vigencia de la resolución administrativa y procedieron a su traslado hasta la frontera, donde fue entregada a las autoridades venezolanas para ejecutar la expulsión.
La operación, que se desarrolló sin contratiempos, se enmarca en el estricto cumplimiento de la normativa migratoria colombiana. Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, explicó que cada caso es evaluado con rigor para garantizar el debido proceso. “Aplicamos las medidas migratorias establecidas por la normativa vigente, siempre con respeto por los derechos humanos y las garantías del debido proceso”, declaró Arriero, quien destacó la coordinación interinstitucional para llevar a cabo la entrega formal de la ciudadana.
Balance de sanciones migratorias en 2026
De acuerdo con las cifras más recientes de la entidad, en lo corrido de 2026 se han ejecutado 310 sanciones migratorias contra extranjeros, repartidas en 157 deportaciones y 153 expulsiones. Las deportaciones, que implican una prohibición de reingreso al país que oscila entre seis meses y diez años, se han concentrado principalmente en los departamentos de Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero, Antioquia y la Regional Andina. Por su parte, las expulsiones, una medida más severa que conlleva un mínimo de cinco años sin poder retornar y que suele ser una pena accesoria a delitos cometidos en el territorio, han tenido mayor incidencia en las regiones de Oriente, Andina, Antioquia, Nariño y El Dorado.
Las causas que originan estas sanciones son diversas e incluyen el uso de documentos fraudulentos, infracciones migratorias, amenazas a la seguridad nacional, órdenes judiciales, notificaciones internacionales o requerimientos de Interpol. En 2025, la cifra de procedimientos similares ascendió a 1.652, lo que refleja una intensificación de los controles migratorios en el presente año.
«Aplicamos las medidas migratorias establecidas por la normativa vigente, siempre con respeto por los derechos humanos y las garantías del debido proceso»
Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia
El operativo en la frontera de Paraguachón, corregimiento de Maicao en La Guajira que limita con el estado Zulia venezolano, se ejecutó bajo la coordinación de los equipos especializados de Migración Colombia, quienes se encargaron de la verificación documental, el traslado y la entrega formal a las autoridades del vecino país. La rápida identificación de la mujer en el centro de salud demuestra la efectividad de los sistemas de alerta temprana implementados por la entidad para detectar a personas con medidas restrictivas vigentes y así garantizar la seguridad migratoria del país.
