El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación remitió a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación un conjunto de hallazgos preliminares por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos del sector, que superan los $9.800 millones. Los cuestionamientos se concentran en gastos de alimentación, logística y realización de eventos ejecutados entre noviembre de 2024 y julio de 2026, un periodo de 20 meses que corresponde, según la información conocida, a la administración anterior. La revisión fue de carácter administrativo y financiero sobre contratos y operaciones, y arrojó indicios de gastos sin soportes suficientes, servicios certificados como recibidos antes de su ejecución, diferencias entre las fechas de las actividades y los documentos presentados como respaldo, y precios que no tienen justificación clara.
El dato más llamativo del informe preliminar tiene que ver con la alimentación: la cartera identificó 32.300 almuerzos sin soportes que permitan establecer quiénes fueron los beneficiarios. A ello se suman eventos cuestionados cuyas convocatorias superaban las 4.000 personas y sobre los cuales no se encontraron soportes técnicos, registros de participantes ni documentación sobre la operación logística. La propia ministra señaló que algunos de los escenarios donde supuestamente se realizaron esas actividades no contaban con la infraestructura necesaria para instalar equipos y atender a más de 4.000 asistentes, lo que refuerza las dudas sobre la ejecución real de los compromisos.
La revisión que encendió las alarmas
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio, la revisión detectó que los recursos no habrían tenido relación verificable con proyectos de investigación, universidades, investigadores o actividades de apropiación del conocimiento, rubro que se usa habitualmente para acercar la ciencia a comunidades, instituciones educativas y ciudadanos. La información también advierte que algunos eventos y operaciones logísticas se habrían realizado durante la vigencia de la Ley de Garantías, norma que restringe la contratación pública en periodos electorales. El Ministerio no identificó a los contratistas, funcionarios o dependencias involucradas en cada una de las observaciones, y los expedientes quedaron en manos de los organismos de control.
«Colombianos, la plata de la ciencia es de los niños que sueñan con ser científicos, es de las investigadoras, de las universidades, del futuro de este país y es sagrada»
Claudia Benavides Salazar, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
La ministra Claudia Benavides Salazar fue enfática al presentar los resultados de la revisión y sostuvo que los recursos del sector deben dirigirse a investigadores, instituciones de educación superior, estudiantes y proyectos de desarrollo científico. «Revisamos cómo se estaban usando esos recursos en la administración anterior y lo que encontramos no es ciencia», afirmó la funcionaria, quien resumió su conclusión en una frase: «La plata de la ciencia no se usó para ciencia». En el mismo sentido se refirió al uso del rubro de apropiación social del conocimiento: «Se acabó usar la apropiación social de conocimiento como disculpa para una novena navideña».
Congelamiento de pagos y adiciones presupuestales
Como medida administrativa, y mientras los entes de control determinan el alcance de los hallazgos, la cartera congeló los pagos de los contratos bajo revisión y decidió que no autorizará nuevas adiciones presupuestales o contractuales. «Ya congelamos los pagos, no se firma ni una adición más», advirtió Benavides Salazar, quien también envió un mensaje directo a quienes resulten comprometidos: «Si alguien se aprovechó de la ciencia de Colombia, le digo con claridad: su tiempo se acabó y responderá ante la ley».
Los hechos se encuentran en fase preliminar y ahora corresponde a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría establecer el alcance de las observaciones, determinar si hubo afectación a recursos públicos y definir si se abren investigaciones contra personas naturales o jurídicas por eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales. Los contratos y operaciones señalados se ejecutaron durante el gobierno de Gustavo Petro, según la información difundida por el Ministerio, que no precisó la fecha exacta del anuncio y tampoco reveló los nombres de los contratistas involucrados en cada una de las observaciones que ya reposan en los despachos de los organismos de control.
