El Ministerio del Trabajo de Colombia, bajo la dirección del ministro Antonio Sanguino, emitió la Circular 0089, una normativa que unifica y estandariza los procedimientos de inspección laboral para el trabajo doméstico remunerado en todo el país. La medida, desarrollada en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025, busca que los cerca de 703.000 a 750.000 trabajadores del sector –entre internos y externos dedicados a aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad– accedan a las mismas garantías laborales que cualquier otro sector productivo, enfrentando la histórica informalidad que ha caracterizado a esta actividad.
Procedimientos estandarizados para la inspección
De acuerdo con la circular, los inspectores laborales deberán verificar de manera obligatoria la existencia de un contrato escrito, el registro ante las autoridades, el pago del salario mínimo legal vigente (fijado en $1.750.905 mensuales), la afiliación a salud, pensión, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y caja de compensación, así como el cumplimiento de la jornada máxima de 42 horas semanales, que entrará en vigor a partir del 15 de julio de 2026. Además, se revisarán los protocolos contra la violencia y el acoso, y el respeto a la afiliación sindical sin discriminación. El ingreso al domicilio requerirá siempre el consentimiento previo, informado y voluntario del empleador; en caso de negativa, se realizará una “inspección desde la puerta” o se citará al empleador a las oficinas del Ministerio. Solo se permitirá el ingreso sin autorización cuando exista peligro inminente o una orden judicial, y en casos de trabajo forzoso, infantil o violencia grave se contemplan inspecciones conjuntas con la Policía, el ICBF y la Fiscalía.
Un sector golpeado por la informalidad
La circular se apoya en la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y convenios internacionales ratificados por Colombia, y promueve un enfoque pedagógico y preventivo antes de aplicar sanciones económicas. Según el Ministerio del Trabajo y el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, el sector doméstico arrastra altos niveles de informalidad, con una remuneración mínima por hora de $8.338, calculada sobre el salario mínimo y la jornada máxima legal. La normativa también establece que, si hay varios empleadores, cada uno debe cotizar en proporción a los días trabajados, y los inspectores pueden exigir planillas PILA y certificados de afiliación. Además, se garantiza estabilidad laboral reforzada por seis meses para víctimas de violencia, y se exige que las rutas de denuncia sean accesibles. La circular incluye anexos técnicos de uso obligatorio, como una guía de inspección, una lista de verificación, un formato de acta y un protocolo de atención a víctimas de violencia y acoso, con el objetivo de que los hogares colombianos dejen de ser espacios de exclusión laboral y se conviertan en lugares de trabajo digno y protegido.
