El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha anunciado la creación de un grupo de trabajo especializado que tendrá como misión realizar un seguimiento semanal a las plataformas digitales, con el objetivo de prevenir el reclutamiento de menores a través de redes sociales. La ministra Alexandra Falla Zerrate dio a conocer la medida durante una reunión con Raúl Echeberría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), en la que se abordó el creciente uso de entornos digitales por parte de grupos armados para contactar y captar a niños, niñas y adolescentes en Colombia.
El anuncio se produce días después de que Human Rights Watch (HRW) publicara un informe de 124 páginas, el pasado 24 de agosto, en el que documenta que al menos 1.500 menores han sido reclutados desde 2021, según el análisis de datos de la Defensoría del Pueblo, con un fuerte aumento de casos a partir de 2023. El reporte señala que más de la mitad de los casos se concentran en el departamento del Cauca y que grupos armados disidentes de las Farc están detrás de la mayoría de las denuncias. Además, HRW identificó que las redes sociales se han convertido en un mecanismo clave para difundir contenidos que favorecen la vida en las filas de estos grupos, publicar ofertas laborales falsas y contactar a menores mediante chats públicos y mensajería privada.
Un grupo de trabajo con seguimiento semanal
El grupo de trabajo creado por el Ministerio TIC tendrá reuniones cada semana para verificar los compromisos adquiridos por las plataformas digitales y establecer mecanismos que permitan prevenir, identificar y retirar contenidos de reclutamiento de menores. La ministra Falla instó a que estos equipos estén integrados por personas que conozcan las formas de comunicación utilizadas en Colombia, tanto visuales como verbales y escritas, para lograr una mayor efectividad en la detección. La estrategia combinará el uso de inteligencia artificial con revisión humana interdisciplinaria, y se desarrollarán herramientas tecnológicas y algoritmos que puedan impedir la publicación de contenidos, no solo retirarlos después de que hayan sido difundidos.
Según Raúl Echeberría, director ejecutivo de Alai, las plataformas logran retirar actualmente más del 90 % de los contenidos identificados, pero el objetivo del Ministerio TIC es llegar al 100 % de neutralización. La reunión con Alai también sirvió para abordar la necesidad de una respuesta conjunta entre autoridades, empresas tecnológicas, actores del ecosistema digital y las familias, con el fin de cerrar los espacios que los grupos delincuenciales utilizan para acercarse a los menores.
Deficiencias en las políticas estatales
El informe de Human Rights Watch, que incluyó 184 entrevistas y la revisión de más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok, también evidenció serias deficiencias en las políticas estatales. Señala que la política pública de 2018 está desactualizada, no tiene un plan de acción claro ni un presupuesto específico, y que la capacidad institucional es limitada. Como muestra de ello, aproximadamente el 1 % de las denuncias por reclutamiento dio lugar a una investigación penal en la última década, y solo el 0,2 % terminó en condena. El nuevo grupo de trabajo del Ministerio TIC busca precisamente atacar una de las aristas más urgentes de esta problemática: el uso de plataformas digitales para captar víctimas, en un contexto donde la respuesta judicial ha sido mínima y la desprotección de la infancia se agrava día a día en regiones como el Cauca.
