El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural logró recuperar cerca de $20.000 millones de los $38.000 millones que el Gobierno anterior invirtió en el arreglo de su antigua sede, y anunció que presentará una denuncia penal para investigar a los responsables del contrato. El ministro Indalecio Dangond Baquero y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Simón Díaz Granados, entregaron las declaraciones durante las comparecencias ante el Congreso, como parte de un trabajo conjunto con la Contraloría General de la República para aportar información sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
Dangond, quien ha calificado la situación como una «vagabundería», señaló que el Ministerio recibió la cartera «en sala de urgencias» y que las acciones buscan normalizar la entidad en medio de un ajuste presupuestal. Los hechos se conocieron tras la comparecencia del 22 de septiembre ante la Comisión Quinta del Senado, y en las intervenciones ante las comisiones económicas del Congreso también en septiembre de 2026, donde el ministro presentó un balance que evidenció un presunto despilfarro de los recursos del agro.
Denuncia penal por presuntas irregularidades en contrato
Según explicó Simón Díaz Granados, la denuncia penal se presentará próximamente para establecer responsabilidades. La cartera ya había declarado el incumplimiento contractual al contratista y trabaja con la Contraloría General de la República para aportar información a la investigación. Adicionalmente, se encontraron 25 asesores con honorarios de $12 millones mensuales, lo que refuerza las sospechas de corrupción en la entidad.
«Se estará presentando una denuncia penal para compulsar a aquellos miembros que participaron en las aprobaciones de este contrato para las investigaciones correspondientes»
Simón Díaz Granados, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Agricultura
Austeridad y cancelación de contratos
El Ministerio explicó que actualmente tiene cerca de 18.000 contratos de prestación de servicios con un costo cercano a $1 billón, de los cuales cancelará 10.000 en 2027, lo que generará un ahorro estimado de $540.000 millones. Esta decisión se enmarca en la reducción presupuestal de aproximadamente $1,3 billones que enfrenta la cartera. Además, se suspenderá la compra de nuevas tierras para liberar recursos que serán destinados a la población campesina, créditos y programas productivos. Los fondos se orientarán a reformas del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, subsidios a tasas de interés, préstamos con plazos más amplios, asistencia técnica, mecanización y seguros agrarios.
La no renovación de contratos permitirá reducir el gasto de funcionamiento para aumentar la inversión, en momentos en que el Ministerio paga $700 millones mensuales de arriendo por su actual sede, mientras que la antigua sede, que recibió una millonaria inversión, no está siendo utilizada.
«El Ministerio de Agricultura lo recibimos en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en el 2027 es normalizar el paciente (…) Con $100.000 millones de pesos puedo jalonar $800.000 millones en crédito a 10 años»
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Cuestionamientos al Gobierno anterior
El ministro Dangond también cuestionó los resultados de la administración pasada en materia de crecimiento de cultivos, al afirmar que «en los cuatro años que pasaron creció más la coca que los cultivos de los pequeños productores del campo». La cartera hará seguimiento semanal a los hallazgos de presunta corrupción, mientras se define el futuro de la sede, que actualmente obliga al Ministerio a pagar $700 millones mensuales de arriendo, cuando antes no se pagaba «ni un peso» por ese concepto.
De esta manera, el Ministerio busca blindar los recursos del agro y redirigirlos hacia programas productivos, en medio de un severo ajuste fiscal y una ofensiva contra las presuntas irregularidades heredadas de la administración anterior.
