El ministro de Hacienda designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, Miguel Gómez, anticipó que el salario mínimo de 2027 tendrá un aumento mucho más moderado que el aprobado para 2026, guiado por criterios de sostenibilidad económica, productividad y protección del poder adquisitivo. En declaraciones concedidas a Caracol Radio durante el período de transición gubernamental, Gómez señaló que la discusión del salario mínimo del próximo año se basará en una política salarial «racional», distanciándose del incremento del 23 % que regirá para el año en curso, el cual calificó de populista y carente de sustento técnico.
El funcionario explicó que la nueva administración busca equilibrar la mejora de los ingresos de los trabajadores con la estabilidad económica y la competitividad empresarial. «Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos», afirmó Gómez, quien añadió que el incremento de 2026 superó ampliamente el comportamiento de la inflación, generando desequilibrios que deben corregirse.
Una política salarial racional y prudente
Gómez fue contundente al señalar que no se repetirán alzas desproporcionadas. «Nosotros no podemos aumentar el salario mínimo cuatro o cinco veces por encima de la inflación, como se hizo de manera populista en el 2025 para el 2026», indicó el ministro designado, sin revelar aún una cifra concreta para el incremento de 2027. El nuevo Gobierno asumirá con Abelardo De La Espriella como presidente, y el debate formal con empresarios y centrales obreras se dará más adelante, en el marco del proceso anual que reúne a las tres partes.
«Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos»
Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado
«Nosotros no podemos aumentar el salario mínimo cuatro o cinco veces por encima de la inflación, como se hizo de manera populista en el 2025 para el 2026»
Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado
El ministro designado subrayó que las decisiones salariales deben ser compatibles con la productividad del país y la capacidad real de la economía, evitando efectos negativos sobre el empleo, la competitividad empresarial y la inflación. La postura anunciada anticipa una negociación potencialmente tensa con las centrales obreras, que tradicionalmente defienden aumentos significativos para recuperar el poder adquisitivo. El aumento de 2026 fue decretado por el Gobierno saliente y ahora el nuevo equipo económico marca un giro hacia la moderación, en lo que constituye el primer indicio claro de la política laboral del Gobierno de De La Espriella.
