El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió una circular dirigida a autoridades municipales, departamentales y prestadores de servicios públicos para activar medidas preventivas ante la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño se presente durante el segundo semestre de 2026. La advertencia se sustenta en reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa), que registran un incremento del 61% en la probabilidad del fenómeno para el trimestre mayo-julio de 2026, con una proyección de hasta 90% de ocurrencia hacia finales del año. Las anomalías térmicas en el océano Pacífico ecuatorial superan los 2 grados centígrados, lo que anticipa un evento de intensidad moderada o superior.
El llamado del ministerio busca evitar una repetición de los graves impactos registrados en episodios anteriores. Durante el fenómeno de El Niño de 2014-2016, 296 municipios sufrieron racionamientos de agua, 237 reportaron desabastecimiento y 25 departamentos resultaron afectados. En el evento más reciente, el de 2023-2024, más de 270 municipios enfrentaron problemas de abastecimiento, se declaró desastre nacional por la caída de niveles en embalses y ríos estratégicos como el Magdalena y el Cauca. Las autoridades advierten que el estrés hídrico, la reducción de caudales, los incendios forestales, el deterioro en la calidad del agua y el aumento de enfermedades gastrointestinales y de vectores son algunas de las consecuencias previsibles si no se toman acciones anticipadas.
Medidas preventivas y llamados a la acción
La circular del Ministerio de Vivienda, en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), recomienda fortalecer el monitoreo de fuentes hídricas, actualizar inventarios de maquinaria crítica como carrotanques y plantas eléctricas, revisar la infraestructura de abastecimiento e implementar estrategias de ahorro de agua. Además, los gestores comunitarios en zonas rurales deberán priorizar la distribución equitativa del recurso y activar protocolos de racionamiento. Las alcaldías quedan facultadas para emitir decretos que restringan el uso de agua potable en actividades no esenciales y sancionen el desperdicio, al tiempo que se debe asegurar el suministro para hospitales, centros educativos, cárceles y centros de salud. El ministerio enfatizó la necesidad de fortalecer «la cultura del reporte de afectaciones» como herramienta clave para la toma de decisiones.
Un aspecto relevante del pronóstico es el escenario simultáneo que se avecina: las lluvias continuarán hasta junio de 2026, lo que obliga a las autoridades a prepararse para inundaciones y deslizamientos a corto plazo, mientras que en el segundo semestre se esperan sequías severas. Los municipios históricamente vulnerables, particularmente en la región Caribe y aquellos que ya sufrieron desabastecimiento en episodios anteriores, deberán activar sus planes de contingencia de manera inmediata. El llamado del ministerio es claro: la prevención anticipada puede marcar la diferencia entre una crisis hídrica manejable y una emergencia de grandes proporciones.
