La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado al Congreso de la República para que tramite una ley estatutaria que reglamente la participación en política de los funcionarios públicos, con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Durante la presentación de su informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial, voceros de la organización, como el subdirector Frey Alejandro Muñoz y el coordinador de Inclusión y Diversidad Danilo Sepúlveda, expusieron la necesidad de cumplir con lo dispuesto por la Constitución Política de 1991 y brindar seguridad jurídica en los procesos electorales. La iniciativa busca delimitar el alcance de la participación política de servidores públicos, fijar límites claros durante las contiendas y fortalecer las garantías de transparencia y equidad.
El llamado se produjo en un contexto marcado por la violencia política, que según la MOE afectó a 29 departamentos del país, con una concentración especialmente crítica en Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. La organización advirtió que la ausencia de reglas precisas sobre la participación de funcionarios públicos puede generar desequilibrios en la competencia democrática, especialmente cuando se involucra el uso de investiduras, recursos públicos o canales institucionales para influir en las decisiones del electorado. Este fenómeno se agravó durante el periodo entre la primera y la segunda vuelta, cuando se evidenció un uso recurrente de acciones judiciales y denuncias como herramientas de proselitismo, amplificando la confrontación política en medios y redes sociales.
Judicialización y discursos de odio
El informe preliminar de la MOE detectó un deterioro progresivo en la conversación digital durante la segunda vuelta. Según Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad, «en los días previos y durante la jornada electoral, la hostilidad escaló del insulto y la descalificación hacia narrativas de criminalización, deshumanización y estigmatización del adversario, incluidas expresiones constitutivas de discursos ofensivos o de odio por razones de género y pertenencia étnico-racial». Además, se intensificaron las narrativas de fraude y desconfianza electoral, reforzando la polarización. La organización condenó de manera particular y vehemente el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta el 6 de junio de 2026, como un hecho que evidencia la gravedad del clima de violencia política.
Inclusión y monitoreo digital
En cuanto a la inclusión de poblaciones vulnerables, la MOE señaló que, salvo casos puntuales, la jornada ofreció condiciones para que personas trans y personas con discapacidad ejercieran el voto. Sin embargo, Danilo Sepúlveda advirtió que «persisten retos que requieren atención por parte de la organización electoral, especialmente en la inclusión de estos sectores en la organización del proceso, el fortalecimiento de la capacitación sobre trato digno en los puestos de votación y la garantía efectiva de medidas que permitan votar sin barreras ni discriminación». El monitoreo digital se realizó mediante el sistema eMonitor+, implementado por la MOE en alianza con el PNUD Colombia y la FLIP, herramienta que permitió rastrear las dinámicas de hostilidad y desinformación.
La MOE recibió alertas sobre afectaciones al voto libre, incluyendo posibles dinámicas de compra de votos y coacción desde instituciones públicas o privadas. Por ello, el subdirector Frey Alejandro Muñoz insistió en que «la ausencia de reglas precisas sobre esta materia puede generar desequilibrios en la competencia democrática». El llamado al Congreso busca precisamente cerrar esas brechas normativas, garantizando que la participación política de los funcionarios públicos no comprometa la transparencia de los procesos electorales ni la equidad entre los candidatos.
