El juicio oral contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, enfrenta un nuevo aplazamiento luego de que el Juzgado Segundo Penal con funciones de conocimiento, a cargo del juez Hugo Carbonó, cerrara la etapa preparatoria el pasado martes 2 de junio de 2026. Sin embargo, el inicio del proceso judicial queda condicionado a que el Tribunal Superior de Barranquilla resuelva más de 800 apelaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la defensa del acusado representada por el abogado Alejandro Carranza, y la Procuraduría General de la Nación, en torno a la admisibilidad de las pruebas que serán presentadas en el juicio.
Durante la etapa preparatoria, que se extendió por menos de año y medio, se analizaron más de dos millones de evidencias. El juez Carbonó reconoció que su despacho cometió algunos errores en decisiones previas y optó por corregirlos para que sea el Tribunal Superior quien tenga la última palabra sobre la inclusión o exclusión de cada elemento probatorio. «El juzgado también, en un acto de justicia e imparcialidad, no fue terco y terminó reponiendo y reconociendo algunos yerros cometidos en la jurisprudencia, que hoy quedaron prácticamente enmendados, para que sea el honorable Tribunal, en sede de apelación, quien tenga la última palabra sobre todas esas solicitudes probatorias. Por ello, la instalación del juicio quedará a la espera de la decisión del Tribunal», explicó el juez Carbonó.
Pruebas en controversia y postura de la Fiscalía
Entre las más de 800 apelaciones se destacan varias pruebas que han generado fuerte debate. La fiscal del caso, Lucy Laborde, defendió el rechazo de la entrevista que Nicolás Petro Burgos concedió a la revista Semana en agosto de 2023, argumentando que dicha declaración no hace parte del principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía. «El rechazo de la entrevista que fuera efectuada por la revista Semana al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no hace parte del principio de oportunidad, toda vez que se realizó extraprocesalmente. Este fue un acto de liberalidad y no constituía parte del principio de oportunidad por parte de Nicolás Fernando Petro Burgos», sostuvo Laborde.
Otra de las pruebas en discusión es el testimonio de Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, que fue excluido por el juez al considerar que no es pertinente para los cargos que enfrenta Nicolás Petro. «Pero el juzgado tiene que decir que en el presente proceso el tema a probar no versa sobre la financiación de campañas presidenciales, ni sobre la participación del acusado en la misma. El escrito de acusación no se refiere a ello en los cargos. Si bien es cierto, lo menciona, lo hace de una manera muy generalizada sin que ese sea el tema a probar», aclaró el juez Carbonó.
«El rechazo de la entrevista que fuera efectuada por la revista Semana al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no hace parte del principio de oportunidad, toda vez que se realizó extraprocesalmente.»
Lucy Laborde, fiscal del caso
También se cuestiona la inclusión de documentos de las aerolíneas Avianca y Wingo sobre tiquetes aéreos entre 2018 y 2023, que fueron excluidos por falta de autenticación, así como el interrogatorio que se le practicó a Nicolás Petro tras su captura. Nicolás Petro Burgos enfrenta los cargos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, delitos por los que fue capturado y por los cuales la Fiscalía intentó un principio de oportunidad que no prosperó.
La decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, que no tiene fecha definida, determinará el alcance del material probatorio con el que se desarrollará el juicio oral. Mientras tanto, el proceso permanece en pausa, a la espera de que se resuelvan las apelaciones, lo que podría extenderse por varios meses y retrasar aún más la definición de la situación judicial del hijo del presidente.
