A partir de julio de 2026, Bogotá pondrá en marcha el Registro Universal de Ingresos (RUI) como nuevo sistema para asignar subsidios y ayudas sociales, reemplazando al actual Sisbén. Esta transición, definida por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, pondría en riesgo la continuidad de los beneficios para más de un millón de personas en la capital, según advirtieron los concejales Oscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, y Rolando González, de Cambio Radical. El RUI utilizará información cruzada de registros administrativos de entidades como la Dian, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y otras bases estatales, con actualizaciones automáticas, eliminando las encuestas y autodeclaraciones que caracterizaban al Sisbén.
Los concejales alertaron que 599.000 hogares podrían modificar su clasificación socioeconómica con el nuevo sistema, lo que implica que más de un millón de personas podrían perder sus beneficios si no cumplen los nuevos criterios del RUI. La dependencia de Bogotá del Sisbén es altísima: en 2025 la Secretaría de Integración Social asignó 946.000 millones de pesos usando este mecanismo, y para 2026 se presupuestaron 952.000 millones, equivalentes al 44% del presupuesto social de la entidad. Entre enero y marzo de 2026 se reportaron 669 mil transferencias monetarias, pero 329.000 de ellas están pendientes de validación, cerca de la mitad de los pagos, lo que evidencia la complejidad de la migración.
Los riesgos de la transición
Uno de los puntos más críticos es que, según los concejales, Bogotá carece de matrices de transición, estrategias de pedagogía ciudadana, interoperabilidad tecnológica y canales efectivos de reclamación para quienes sean excluidos o reclasificados erróneamente. Además, el 90% de los beneficiarios del Sisbén han visto su clasificación modificada automáticamente en los últimos dos años, lo que refleja una volatilidad que podría agravarse con el RUI. Se estima que el nuevo sistema duplicaría el número de hogares identificados en pobreza extrema, pero también podría dejar por fuera a quienes actualmente reciben ayudas como transferencias monetarias, subsidios de salud, pasajes gratuitos en el Sitp y atención a adultos mayores.
El RUI pretende ser universal, incluir a toda la población y ser neutral, es decir, no subordinado a ningún programa específico. Sin embargo, la falta de convenios activos con operadores financieros para validar pagos agrava la incertidumbre. Los cabildantes exigieron actualización de portafolios y criterios de acceso a todos los programas sociales, y advirtieron sobre el enorme desafío que representa «cambiar un sistema» sin garantizar que ninguna familia vulnerable quede fuera de la oferta social.
«Cambiar un sistema»
Oscar Ramírez Vahos, concejal de Bogotá (Centro Democrático)
En este escenario, la administración distrital enfrenta la presión de asegurar que la migración al RUI no se traduzca en una exclusión masiva. Con más de un millón de personas en riesgo y un presupuesto social de casi un billón de pesos en juego, la transición al nuevo registro se perfila como uno de los mayores retos de política social que enfrentará Bogotá en los próximos años.
