Más del 90% de violencia sexual en el conflicto sigue sin condena en Colombia

Compartir en redes sociales

Más del 90% de los casos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano permanecen sin que sus responsables reciban una condena, según reveló la Corporación Sisma Mujer. La alarmante cifra, que evidencia una impunidad sistemática y generalizada, fue presentada por Katerin Jurado, directora de la organización, quien señaló que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que el Estado no ha logrado contener ni reparar de manera efectiva. Entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2025, el organismo registró 12.062 mujeres víctimas de este tipo de agresiones, de las cuales apenas 110 han recibido algún tipo de indemnización.

El panorama se torna aún más sombrío al revisar las cifras de la justicia: apenas el 3% de los casos de violencia sexual en el conflicto armado terminan en una condena, mientras que el 97% restante no recibe una respuesta judicial efectiva. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que desde septiembre de 2023 abrió el macrocaso 11 para investigar la violencia basada en género, sexual y reproductiva, ha acreditado a más de 1.200 víctimas hasta la fecha. Según los registros de la JEP, correspondientes al periodo entre 1957 y 2016, más de 35.000 personas fueron víctimas de violencia sexual, reproductiva y de género, de las cuales el 92% son mujeres y niñas. Dentro de ese universo, 187 menores de 6 a 11 años y 491 de 12 a 17 años sufrieron estas agresiones.

Un problema que no cesa tras la paz

El informe de la Mesa de Seguimiento, publicado en abril de 2024, arrojó resultados desalentadores: solo el 2% de los casos investigados terminan en sentencia condenatoria, y en el 82,6% de las investigaciones no se logró identificar a los responsables. La impunidad no es exclusiva de la justicia ordinaria, sino que también atraviesa la transicional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 2021 contra el Estado colombiano por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima —secuestrada y agredida sexualmente el 25 de mayo de 2000—, reconoció que la violencia sexual fue utilizada como mecanismo de silenciamiento y control, y declaró la existencia de una impunidad sistemática y generalizada. Ese fallo motivó la creación, desde 2014, del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, que se conmemora cada 25 de mayo.

El subregistro de estos crímenes es profundo. Mientras el Registro Único de Víctimas (RUV) contabiliza oficialmente más de 35.000 casos, las organizaciones civiles estiman que la cifra real supera los 5 millones de mujeres agredidas durante el conflicto. El miedo, el estigma y el control territorial en zonas de alta conflictividad como el Pacífico, el Catatumbo y el Bajo Cauca impiden que muchas víctimas denuncien. Allí, la presencia estatal es insuficiente y las organizaciones sociales se convierten en el único recurso de atención para las sobrevivientes. Según la Defensoría del Pueblo, en los primeros tres meses de 2026 se reportaron 3.664 casos de violencia sexual, de los cuales el 51% corresponden a niñas y adolescentes. En lo que va de 2026, se han registrado 61 declaraciones por este delito.

Las cifras del horror

El Ministerio de Defensa reportó que en 2025 se denunciaron 32.985 delitos sexuales en todo el país. De las víctimas registradas por la JEP, el 20% son negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, y el 6% indígenas. En cuanto a los perpetradores identificados en el macrocaso 11, el 33% de los casos se atribuyen a paramilitares, el 5% a las extintas Farc y el 3% a agentes del Estado. La ONU Mujeres Colombia ha alertado sobre el impacto de esta violencia en la seguridad colectiva y ha hecho un llamado a fortalecer los mecanismos de reparación y las garantías de no repetición. Organizaciones como la Corporación Humanas, Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, Women’s Link Worldwide y Colombia Diversa han presentado recomendaciones para mejorar la investigación y el juzgamiento de estos delitos, que no han disminuido tras la firma del Acuerdo Final de Paz. La deuda del Estado colombiano con las víctimas sigue siendo, a todas luces, inmensa.

Sigue leyendo