La familia de Cristian Garzón, el vigilante de seguridad de 27 años asesinado mientras cumplía su turno en el sistema TransMilenio de Bogotá, podría recibir una indemnización millonaria si su muerte es reconocida como un accidente laboral. La decisión inicial sobre el origen laboral del homicidio recae en la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que deberá evaluar si existe una relación directa entre el ataque y las funciones que desempeñaba el joven guarda de seguridad.
Prestaciones económicas para los beneficiarios
De acuerdo con el abogado laboralista Iván Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, los beneficiarios de Cristian Garzón podrían acceder a «una pensión de sobrevivientes y al auxilio funerario» si la ARL clasifica el homicidio como un accidente laboral. El experto señaló que la jurisprudencia exige comprobar que el ataque ocurrió en razón de la actividad que el vigilante realizaba, un requisito que en este caso podría cumplirse dado que el crimen se produjo durante su jornada laboral en el sistema de transporte masivo.
Sin embargo, una indemnización adicional no es automática. Jiménez explicó que para obtener una compensación extra será necesario demostrar responsabilidades específicas del empleador, del sistema TransMilenio o de las autoridades, lo que implicaría probar negligencia o fallas en las medidas de seguridad. El caso ha generado un debate sobre las condiciones de vulnerabilidad a las que se exponen los trabajadores de seguridad en espacios públicos de alta concurrencia.
El análisis legal se produce a raíz de la entrevista que el abogado concedió a La FM, donde detalló los pasos que debe seguir la familia de la víctima para garantizar el reconocimiento de las prestaciones. Mientras tanto, la comunidad sigue exigiendo respuestas sobre las circunstancias del asesinato y las garantías laborales para quienes arriesgan su vida en labores de vigilancia.
