La coincidencia de fechas y apellidos ha puesto bajo la lupa una red de posibles influencias que conecta al Congreso de la República con entidades estatales, salpicando al corazón del petrismo. La llegada de Gabriela Muñoz, una joven de 20 años, a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié coincidió exactamente con el nombramiento de su madre, Liliana Olaya, en la entidad Coljuegos. En ese momento, la presidencia de Coljuegos estaba en manos del padre del congresista, Marco Emilio Hincapié Ramírez. Este engranaje de movimientos laborales, ocurrido en julio del año pasado, es el centro de una indagación de la Procuraduría por un posible tráfico de influencias.
La cronología de los hechos es precisa. Liliana Olaya dejó su cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia el pasado 17 de julio para integrarse a la oficina de Control Interno de Coljuegos, mientras que el 20 de julio su hija Gabriela inició funciones en la UTL del representante Hincapié. Este cruce de intereses tiene también un componente financiero que ató cabos: Samuel Antonio Gómez Ramírez, contratista de Coljuegos, aportó sesenta y dos millones de pesos a la campaña del congresista Hincapié, cuyo costo total ascendió a doscientos cuarenta y un millones de pesos. Meses después, en octubre, Hincapié Ramírez fue reemplazado en la presidencia de Coljuegos por Jaime Vives Pinedo, pero el entramado de poder entre las familias no se detuvo. Para mayo de 2025, Gabriela Muñoz ya se desempeñaba como auxiliar en la Aeronáutica Civil, espacio donde, a su corta edad, logró escalar rápidamente y asistir a reuniones de alto nivel, lo que hoy la tiene en el centro de las investigaciones disciplinarias.
Las declaraciones de los protagonistas han añadido más contundencia al escándalo. Liliana Olaya reconoció su intervención directa en la vinculación de su hija a la Aerocivil, mientras que la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, describió el poder que Gabriela Muñoz ostentaba en la entidad.
«Yo se los recomendé al general Pinto, exdirector de la Aerocivil»
Liliana Olaya, madre de Gabriela Muñoz, a El Tiempo
«A su antojo»
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre
Frente a estas afirmaciones, Gabriela Muñoz ha negado todos los cuestionamientos y ha anunciado acciones legales por injuria y calumnia, mientras asegura que es víctima de una persecución mediática. Sin embargo, la controversia se profundiza con las revelaciones del representante Daniel Briceño, quien divulgó una relación detallada de los familiares de Muñoz con vínculos en la Aerocivil, incluyendo a su hermano Santiago y varios primos. La situación ha escalado al punto en que la Procuraduría General de la Nación ya decretó la práctica de pruebas para esclarecer las irregularidades, acumulando no menos de cinco procesos disciplinarios contra los hermanos Muñoz por presunta participación en política y contrataciones indebidas. Todo esto salió a la luz gracias a la investigación de la revista Cambio, que destapó lo que se perfila como un nuevo cruce de intereses entre dos familias que han construido su poder al amparo del petrismo.
El trasfondo político del escándalo lo completa la figura de Marco Emilio Hincapié Ramírez, quien fungió como director de Colombia Humana, el partido fundado por el presidente Gustavo Petro, antes de presidir Coljuegos desde julio de 2023 hasta su reemplazo en octubre. Fue precisamente la cercanía con el Primer Mandatario lo que blindó durante un tiempo a los protagonistas de esta historia; se conocieron detalles del esquema de protección que la Unidad Nacional de Protección (UNP) otorgó a Gabriela Muñoz y el propio Petro la defendió públicamente. Liliana Olaya, por su parte, ha afirmado que seis miembros de su familia consiguieron contratos con el Estado entre 2025 y 2026, lo que evidencia un patrón de designaciones y negocios que hoy es desmenuzado por los organismos de control, mientras el país político espera las conclusiones de una investigación que pone en jaque la transparencia del círculo íntimo del poder.








