La ley colombiana no permite a los ciudadanos acumular los medios días de descanso remunerado que se otorgan por votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y en las presidenciales del 31 de mayo de ese año, ni en una eventual segunda vuelta alrededor del 21 de junio. Cada uno de estos beneficios, equivalente a medio día pagado, debe utilizarse dentro del mes calendario siguiente a la respectiva jornada electoral, según la normativa vigente que aplica en todo el territorio nacional, incluyendo Manizales y el Eje Cafetero.
Los votantes que participen en estos comicios recibirán un certificado electoral entregado por los jurados de votación, el cual deberán presentar a su empleador dentro de los 30 días posteriores a cada elección para gozar del descanso remunerado. Esta disposición rige tanto para el sector público como privado y para cualquier tipo de contrato laboral, y surge de la necesidad de aclarar dudas ante la cercanía de múltiples procesos electorales en 2026. Si no se usa en el plazo establecido, el beneficio se pierde, aunque algunos empleadores podrían otorgar flexibilidad de manera voluntaria.
Normativa que regula el beneficio
El descanso remunerado está regulado principalmente por la Ley 403 de 1997, con ajustes introducidos por las Leyes 815 de 2003 y 1227 de 2008, que fijan un plazo estricto de un mes tras cada jornada electoral para evitar acumulaciones. De esta forma, para las legislativas del 8 de marzo, el plazo vence a inicios de abril; para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, hasta finales de junio; y para una posible segunda vuelta el 21 de junio, hasta aproximadamente el 21 de julio. Esta rigidez busca garantizar el ejercicio del derecho al voto sin perjuicio laboral, pero obliga a los ciudadanos a planificar su uso de inmediato.
Ventajas adicionales del certificado electoral
Más allá del descanso, el certificado electoral otorga descuentos del 10 por ciento en trámites como la expedición de pasaportes, duplicados de cédula de ciudadanía, libretas militares y matrículas en universidades públicas. Además, proporciona prioridad en casos de empate para el acceso a instituciones públicas o la obtención de beneficios estatales, incentivando así la participación cívica en un año cargado de elecciones que definirá el futuro del país.
