En un nuevo capítulo de la larga disputa por la protección del páramo de Santurbán, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció este jueves dos acciones judiciales contundentes para frenar la revocatoria de la protección ambiental sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja. La decisión del Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, fue formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, una medida que, según la delegada del comité, Mayerling López, representa un retroceso inaceptable para la seguridad hídrica de cerca de dos millones de personas que dependen del ecosistema. Las acciones, que incluyen una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander y una recusación contra el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, buscan suspender los efectos inmediatos de la revocatoria mientras se resuelve el fondo del conflicto.
El comité argumenta que la revocatoria no se ajusta al alcance del fallo judicial emitido por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, el cual ordenó rehacer parte del procedimiento de participación ciudadana, no eliminar por completo la reserva definitiva. Según la organización, la Resolución 1037 del 13 de agosto dejó sin vigencia la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había establecido la protección del área. En contraste, el Ministerio de Ambiente, encabezado por Fabio Arjona, defiende que la medida responde de manera precisa a dicho fallo judicial, buscando garantizar la participación de las comunidades y el debido proceso, retrotrayendo el trámite para corregir las presuntas irregularidades en la consulta pública. La controversia se centra en si la orden judicial permitía anular toda la reserva o solo reabrir una etapa del proceso, una diferencia que los ambientalistas consideran crucial.
Recusación contra el ministro Arjona
Una de las acciones más severas emprendidas por el comité es la recusación contra el ministro Fabio Arjona, basada en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011. La delegada del comité, Mayerling López, explicó que la imparcialidad del ministro está comprometida debido a declaraciones previas sobre la formalización minera en el entorno del páramo y por su referencia a la empresa Aris Mining, vinculada al proyecto minero Soto Norte, cuyos títulos mineros coinciden con el área de las 1.499 hectáreas. «El ministro no debería continuar tomando decisiones sobre estos asuntos mientras se resuelve el recurso», afirmó López, en una declaración que refleja la desconfianza de la organización hacia el proceso. La recusación abarca las actuaciones relacionadas con la delimitación del páramo, la zona de reserva temporal y la propia reserva definitiva de La Baja.
«El ministro no debería continuar tomando decisiones sobre estos asuntos mientras se resuelve el recurso»
Mayerling López, delegada del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
Mientras tanto, el ministro Arjona ha defendido la decisión del Gobierno, asegurando que la protección de Santurbán debe sustentarse en criterios técnicos, transparencia, seguridad jurídica y participación de las comunidades. Para la cartera ambiental, la revocatoria no es una eliminación definitiva de la protección, sino un paso necesario para reiniciar el trámite de manera legal y ajustada a los fallos judiciales. Sin embargo, para el comité, esta postura ignora el largo historial de conflicto que durante aproximadamente 15 años ha enfrentado a organizaciones sociales y ambientales con sectores mineros, en una pugna que pone en juego el agua de más de 2,5 millones de personas en el área metropolitana de Bucaramanga. Las medidas cautelares solicitadas al Tribunal Administrativo de Santander son, en este contexto, el último recurso para evitar que la decisión gubernamental tenga efectos irreversibles sobre el ecosistema y la población.
