Un grupo de organizaciones de salud y sociedad civil, entre las que se cuentan la Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, la Fundación Anáas, ReCeTa Colombia y NATTI, hizo un llamado al Congreso de la República para que, en la conciliación del proyecto de reforma al impuesto al tabaco, se mantenga el texto aprobado por el Senado. La solicitud surge luego de que una microsimulación académica, elaborada por investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Icesi, a través de Proesa, y Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, proyectara que la alternativa que actualmente defiende la Cámara de Representantes podría traducirse en un aumento significativo de fumadores y muertes prematuras en el país.
La etapa de conciliación, que debe resolver las diferencias entre los textos aprobados por Senado y Cámara, es el escenario en el que estas organizaciones buscan que prime la evidencia académica. El análisis comparativo entre ambas propuestas legislativas revela que, de imponerse el texto de la Cámara, Colombia podría tener 92.450 fumadores adicionales de cigarrillos convencionales y 46.408 muertes prematuras más de las que se registrarían si se conserva lo aprobado por el Senado. En contraste, mantener el texto del Senado permitiría evitar 52.180 fumadores y 18.143 muertes prematuras, según las proyecciones de la microsimulación.
Uno de los argumentos que ha surgido en la discusión legislativa es que una mayor carga tributaria podría incentivar el comercio ilegal de cigarrillos. Sin embargo, las organizaciones firmantes del llamado advierten que las estimaciones de la industria tabacalera sobre el contrabando son entre 1,4 y 3,6 veces superiores a las de mediciones independientes. Datos concretos de 2023 en cinco ciudades colombianas —Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta— señalan que el comercio ilegal representó el 16,9% del consumo total de cigarrillos, una cifra que, según los expertos, no justifica modificar la política tributaria con base en temores no respaldados por la evidencia.
El llamado de las organizaciones cobra especial relevancia al considerar el impacto del consumo de tabaco y nicotina en los menores de edad. De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022, 11 de cada 100 estudiantes entre 12 y 18 años han probado cigarrillos convencionales, mientras que 23 de cada 100 han usado cigarrillos electrónicos. La mitad de quienes han experimentado con cualquiera de estos productos comenzó a los 14 años o antes, lo que subraya la necesidad de mantener medidas tributarias que desincentiven el consumo desde edades tempranas.
«No existe evidencia en América Latina que demuestre que los incrementos de impuestos produzcan automáticamente un aumento del contrabando»
Guillermo Paraje, profesor de Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile
El proyecto de reforma tributaria al tabaco, que se encuentra en su fase definitiva de conciliación entre Senado y Cámara, deberá ser aprobado posteriormente por las plenarias de ambas corporaciones antes de pasar a sanción presidencial. Las organizaciones firmantes insisten en que los datos sobre comercio ilegal deben ser evaluados con rigor durante la conciliación, para evitar que argumentos sin sustento científico acaben por debilitar una política pública diseñada para reducir el consumo de cigarrillos y productos de nicotina, proteger la salud de la población y, en particular, prevenir que los menores se inicien en el hábito de fumar.
